La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó cinco traslados de partidas al Ministerio de Gobierno que suman $53 millones.
El aval se dio en una sesión que la comisión celebró este jueves 20 de agosto, en la que Dinoska Montalvo, titular de la cartera, sustentó las cifras.
Así se distribuirá el dinero
$1.1 millones se usarán para saldar deudas con Cable & Wireless por el servicio de cámaras de vigilancia y monitoreo del complejo carcelario que integran La Joya, La Mega Joya y La Joyita, cárceles donde existen 16 mil presos.
$5.4 millones se usarán para pagar cuentas pendientes producto de la construcción del nuevo Centro Femenino de Rehabilitación La Esmeralda, ubicado en el corregimiento Las Garzas, distrito de Panamá, cuya empresa contratista es Ingeniera Hos S.A.
Otros $5.7 millones se destinarán a pagar pasivos laborales de exfuncionarios, mientras que $725,815 se invertirán en la ampliación de un centro educativo en Llano Ñopo en la comarca Ngäbe-Buglé.
La comida de los reclusos
El rubro más grande, $40.1 millones, se usarán en pagos a la empresa que provee alimentos (desayuno, almuerzo y cena) para los reclusos de los centros penitenciarios de Colón y Panamá.
La empresa que tiene el contrato para suministrar comidas en las cárceles es el Consorcio Alimentando Panamá, S.A., que presta este servicio desde el 2012 y suministra alimentos a casi el 80% de la población penitenciaria.
En enero de este año se le adjudicó un nuevo contrato por otros seis años, por un monto de $209.6 millones.
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Durante el debate, varios diputados hicieron preguntas. José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino (Moca), preguntó cuántos de los 195 presos que se fugaron de la cárcel La Joyita el pasado 1 de julio habían sido recapturados.
Sin embargo, la ministra no dio un número exacto; dijo que, según los cálculos de su ministerio, los que aún permanecen en las calles “no exceden de seis”.
También preguntó quiénes eran los beneficiarios finales de las empresas contratistas que recibirán los pagos, pero no obtuvo respuesta.
Su colega Yamireliz Chong consultó sobre los costos de la comida para las cárceles y, en particular, puso el foco en Colón.
También preguntó por un contrato adicional con esa misma empresa, por $387 mil, para alimentos de la cárcel de Colón.
La ministra dijo que no tenía información sobre ese asunto, pero su asesor, Manuel Núñez, explicó que ese contrato directo se hizo en enero, mientras se formalizaba un nuevo contrato.
Su compañero Jhonathan Vega cuestionó el monopolio del consorcio que suministra los alimentos en Panamá y Colón. “Ya yo sé quiénes son los dueños”, dijo. No mencionó nombres.
En enero de este año, La Prensa reveló que en 2012 cuando se le otorgó el primer contrato, el consorcio estaba conformado por la empresa Iberoamericana de Alimentos y Servicios, S.A. (Ibeaser), con una participación del 40 %, y por Juan Carlos Almansa Latorre, ciudadano colombiano, con el 60 % restante.
Vega también preguntó por Ingeniera Hos S.A., la empresa que construyó el Centro Femenino de Rehabilitación La Esmeralda. La ministra explicó que ese fue un contrato heredado de la empresa IBT Group, que tenía a su cargo originalmente la construcción del centro.
Salazar cuestiona el plan nutricional
También intervino Jairo Bolota Salazar, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), quien cuestionó a la empresa que suministra la alimentación en las cárceles de Panamá y Colón. El diputado calificó de “real porquería” las tres comidas diarias que reciben los privados de libertad.
Salazar también cuestionó el contenido nutricional de los alimentos y el costo del servicio. “¿$550 por tres golpes? Esto es asqueroso”, dijo.
¿Quién supervisa el plan nutricional? preguntó.
La lista de preguntas siguió. Luis Duke, Javier Sucre, Raphael Buchanan, entre otros, preguntaron sobre el sistema penitenciario, la fuga de La Joyita, entre otros temas.
