La presidenta de la Asamblea Nacional, Dana Castañeda, ordenó la suspensión inmediata de todo tipo de movimientos de personal, modificaciones en la estructura organizativa, traslados y trámites de vacaciones, según una circular interna emitida el pasado 15 de mayo.
La medida responde a las auditorías que actualmente realiza la Contraloría General de la República en el órgano legislativo.
De acuerdo con el comunicado, la suspensión incluye específicamente procesos como traslados, préstamos de personal, licencias y ajustes en la estructura laboral, y se mantendrá vigente “hasta nuevo aviso”. La nota también subraya que los jefes inmediatos serán responsables de hacer cumplir el reglamento interno de la Dirección de Recursos Humanos, así como de aplicar sanciones en caso de incumplimiento.
La decisión busca alinear las operaciones de la Asamblea con los requerimientos de la auditoría en curso, aunque no se detalló cuánto tiempo durará esta intervención ni el alcance exacto de las evaluaciones.
Esta medida llega pocos días después de que la Contraloría hiciera pública la planilla que administra cada uno de los 71 diputados, lo que reveló el tamaño y costo del personal contratado por las distintas bancadas. En total, ese órgano tiene 4 mil funcionarios, con un costo mensual estimado de $7 millones para el Estado.
La bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), compuesta por 12 diputados, encabeza la lista con la planilla más costosa, al reportar más de 700 funcionarios, que representan un gasto mensual de $1.2 millones.
Entre los casos más notorios está el del diputado Benicio Robinson, presidente del PRD, quien cuenta con 145 personas en su despacho, lo que equivale a $261,225 al mes, convirtiéndolo en el legislador con el mayor gasto en personal. Le siguen sus copartidarios Marcos Castillero (150 funcionarios, $226,282), Jaime Vargas (82 funcionarios, $164,120) y Crispiano Adames (63 funcionarios, $122,850).
El análisis de estas planillas revivió el debate público sobre la opacidad en el uso de fondos públicos en la Asamblea Nacional, una institución que ha sido señalada en múltiples ocasiones por el manejo discrecional de recursos y la escasa fiscalización efectiva de sus gastos.
Al Ministerio Público
Recientemente el contralor de la República, Anel Flores, anunció que remitirá al Ministerio Público a más de 400 personas señaladas por cobrar sin trabajar en la Asamblea Nacional, es decir, los denominados “botellas”. La medida surge tras una serie de auditorías que han revelado una red de irregularidades que involucra a diputados, funcionarios, exdiputados e, incluso, familiares insertos en las planillas legislativas.
Según el contralor, ya cuentan con testimonios de testigos internos que han identificado a las personas que no asisten a sus puestos pero aparecen en nómina. “Todo el mundo se conoce. En ese edificio no caben 1.500 personas. Y el día que llegamos había casi 3.000”, sostuvo.
En los últimos días, la Contraloría ha realizado varias inspecciones a los despachos legislativos. Durante dos últimas quincenas, los pagos de salarios se hicieron mediante cheques, en lugar de depósitos bancarios, con el objetivo de identificar a las personas que cobran sin trabajar.
