El proyecto de ley que busca extender la obligación de presentar una declaración jurada de estado patrimonial a funcionarios de alta jerarquía avanzó dentro de la Asamblea Nacional.
La Comisión de Gobierno dio luz verde a este proyecto, presentado por el diputado de la bancada Vamos, Roberto Zúñiga. El siguiente paso será su discusión en primer debate.
Zúñiga sostiene que en la actualidad la declaración jurada de estado patrimonial, una herramienta fundamental para detectar y prevenir posibles enriquecimientos ilícitos que pudieran cometer servidores públicos, solo se aplica a un “número reducido” de funcionarios. Entre ellos el presidente y vicepresidente de la República, el presidente de la Asamblea y el presidente de la Corte Suprema de Justicia.
También deben presentarla el contralor y subcontralor, los rectores y subdirectores de la universidades oficiales.
El proyecto de Zúñiga busca extender esa medida a los diputados y sus suplentes, representantes y sus suplentes, concejales, los alcaldes, vicealcaldes, secretarios generales municipales y gobernadores.
Hoy en la primera sesión de la comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos constitucionales se aprobó el prohijamiento del Anteproyecto de Ley 3, que transparenta las gestiones de los servidores públicos de alta jerarquía.
— Roberto Zúñiga A. (@RobertoJZuniga) August 20, 2024
Puedes leer el proyecto aquí: https://t.co/D5UQKa1WbC pic.twitter.com/qOElLgV46X
También incluiría a los directores de la Autoridad Nacional de Aduana y Servicio Nacional de Migración, los jefes diplomáticos y consulares, los Superintendentes de Bancos, Mercado de Valores y de Seguros y Reaseguros, miembros de juntas directivas que manejen fondos públicos o tomen decisiones al respecto y miembros de juntas directivas encargadas de administrar instituciones públicas.
El diputado también propuso que se aumenten los elementos básicos del contenido de la declaración jurada para obtener un panorama más completo y detallado de su estado patrimonial.
La propuesta también busca que se hagan públicas las declaraciones de intereses que realizan los funcionarios.
“Es de conocimiento general y notorio que el conflicto de intereses en el sector público es uno de los actos que más nos ha afectado como país y que lamentablemente hace que nos posicionen internacionalmente como un país altamente corrupto”, dijo.
