El proyecto de ley que busca extender la obligación de presentar una declaración jurada de estado patrimonial a funcionarios de alta jerarquía fue bajado la noche de este miércoles 11 de septiembre a primer debate.
La decisión la tomó el pleno de la Asamblea Nacional, luego de una moción que hiciera el diputado proponente Roberto Zúñiga, de la bancada Vamos.
Zúñiga acordó con un grupo de diputados devolver el documento para poder hacer más consultas.
El documento estaba en segundo debate. Antes de que lo devolvieran, el diputado Luis Eduardo Camacho, presidente de la Comisión de Gobierno, sustentó el informe de minoría que presentó en contra de la propuesta.
En su informe, Camacho alega que el proyecto de ley infringe “abiertamente nuestra Carta Magna” y presenta disposiciones que contravienen los derechos fundamentales de los funcionarios.
Aseguró que la propuesta infringe disposiciones constitucionales evidenciando un incumplimiento de las normas y principios fundamentales al “intentar exhibir los datos personales de los funcionarios públicos”.
A su juicio, esto representa “riesgos inminentes a la seguridad” ya que la exposición pública de detalles sobre su patrimonio y bienes, información financiera, la vida personal, podrían “convertirse en objetivos de delincuentes”, que pueden utilizar dicha información para extorsionar, secuestrar, robar e incluso poner en peligro la vida e integridad física del funcionario, familiares y particulares.
En su defensa, Zúñiga recordó que están obligados a presentar su declaración patrimonial los funcionarios de manejo, que son los responsables de ser los custodios de los fondos del tesoro nacional.
Indicó que también hay que recordar que fue en esa misma Asamblea donde también se mencionó que “nosotros no debíamos hacer juicios sobre la constitucionalidad o no de una ley”, pues es responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia.
Aseguró que su proyecto no entra en contradicción con la Constitución y solo se enfoca en promover la transparencia en la gestión de los servidores públicos de alto rango, principalmente relacionado con la rendición de cuentas y la divulgación de actos oficiales.
“Es decir, no interfiere con la inviolabilidad de la correspondencia o documentos personales de los individuos”, sostuvo.
En la actualidad, la declaración jurada de estado patrimonial solo se aplica a un “número reducido” de funcionarios. Entre ellos el presidente y vicepresidente de la República, el presidente de la Asamblea y el presidente de la Corte Suprema de Justicia.
La propuesta de Zúñiga incluye a los diputados y sus suplentes, representantes y sus suplentes, concejales, los alcaldes, vicealcaldes, secretarios generales municipales y gobernadores.
También incluiría a los directores de la Autoridad Nacional de Aduana y Servicio Nacional de Migración, jueces, fiscales, los jefes diplomáticos y consulares, los Superintendentes de Bancos, Mercado de Valores y de Seguros y Reaseguros, miembros de juntas directivas que manejen fondos públicos o tomen decisiones al respecto y miembros de juntas directivas encargadas de administrar instituciones públicas.
