A una semana de entregar la rectoría de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), la administración saliente, encabezada por Pedro González, acelera el proceso para otorgar la permanencia a unos 100 funcionarios administrativos.
La decisión llama la atención por dos razones. La primera: el derecho a la permanencia fue establecido hace cuatro años, mediante la ley 292, aprobada en 2022, pero no fue aplicado de manera general durante la gestión de Etelvina Medianero de Bonagas, quien estuvo al frente de la institución durante 13 años.
La segunda es la más polémica: más de 300 funcionarios cumplirían actualmente las condiciones para acceder a la permanencia, y unos 100 serían beneficiados en esta etapa. Según fuentes consultadas, una parte importante de los seleccionados estaría vinculada con la estructura política que respaldó, en su momento, a Medianero de Bonagas.
Las interrogantes
La selección, realizada a pocos días de que Absel Navarro asuma la rectoría, el próximo 31 de agosto, plantea una pregunta central: ¿por qué un derecho vigente desde 2022 comienza a ejecutarse ahora y, además, de manera selectiva, cuando cientos de funcionarios cumplirían los requisitos?
Las mismas fuentes universitarias sostienen que la administración saliente habría postergado la aplicación de la permanencia desde 2022 con el propósito de mantener bajo su control a un importante bloque de funcionarios administrativos y, con ello, preservar lealtades políticas de cara a los procesos electorales de la universidad.
El planteamiento cobra relevancia al considerar que, en 2023, Etelvina Medianero de Bonagas logró su segunda reelección consecutiva en la Unachi y que, en las elecciones del pasado 19 de agosto, varios de los candidatos representaban la continuidad de su administración. La permanencia, bajo esta lectura, habría funcionado durante años como una promesa pendiente con potencial peso electoral.
El nuevo rector
El rector electo de la Unachi, Absel Navarro, cuestionó el proceso que adelanta la administración saliente y advirtió que estas decisiones no deberían responder a criterios políticos. “No se deben postergar, estancar o suspender para mantener, en este caso, controlado al personal para efectos o propósitos políticos a conveniencia de la autoridad de turno”, sostuvo Navarro, quien asumirá la rectoría el próximo 31 de agosto.
Según el rector electo, el problema no estaría en reconocer un derecho a los trabajadores, sino en hacerlo de manera selectiva. “Ahora, como se les acabó el tiempo, lo quieren hacer a velocidad y para blindar a lo que ellos prefieran en cuanto a esos criterios políticos”, afirmó.
A su juicio, si la permanencia se aplicara a todos los funcionarios que cumplen los requisitos, la medida sería positiva. El cuestionamiento surge, dijo, cuando se utiliza un criterio político para determinar quiénes reciben el beneficio.
Para Navarro, las decisiones adoptadas durante los últimos días de la administración saliente también tienen consecuencias sobre la institucionalidad de la Unachi. “Seguimos tomando decisiones al margen de la ley, decisiones que afectan, que van a seguir afectando a la institucionalidad o prestigio de la universidad”, señaló. “Eso no es responsable en un periodo de transición”, concluyó.
La visita del contralor
Este viernes 21 de agosto, el contralor general, Anel Flores, realizó una visita de “cortesía” a la Unachi y recorrió las instalaciones acompañado por el rector saliente, González. La presencia de Flores adquiere relevancia en medio de los cuestionamientos que ha formulado sobre la abultada planilla de la universidad y el manejo administrativo de la institución durante la gestión de Medianero de Bonagas.
La visita se produce, además, a pocos días del cambio de rector y mientras la administración saliente acelera el proceso para otorgar la permanencia a un grupo de funcionarios administrativos.
Actualmente, la Unachi tiene una planilla de más de 2,000 funcionarios entre administrativos y docentes, con un costo aproximado de $6 millones mensuales para el Estado. El tamaño de la planilla es uno de los principales puntos de cuestionamiento sobre las finanzas de la universidad y ha motivado investigaciones y auditorías sobre su administración.
Se buscó la versión de González, pero al cierre de esta nota no se había recibido respuesta.
