Ha transcurrido casi una semana desde que la Corte Suprema de Justicia sentenció que la Ley 406 de 2023 -que aprobó el contrato entre el Estado panameño y Minera Panamá, S.A.- burló 25 artículos de la Constitución y aún no se sabe quiénes fueron los negociadores que participaron en ese acuerdo.
¿Por qué? ¿Acaso sus honorarios fueron pagados con fondos de la minera? Sería el colmo, más aún sabiendo que solo para los gastos de asesoría y redacción del contrato, la Presidencia pidió una partida de $5.9 millones.
Por otro lado, ¿dónde están las actas en las que consten los detalles de lo sucedido? ¿Habrá sido todo tan inconfesable, o tan solo lo hacen parecer así, para seguir perturbando la paz del país? ¿Dónde están los que se jactaban denigrando las opiniones del procurador de la Administración, Rigoberto González, incluso cuando el contrato ley ya había sido sujeto de 10 demandas de inconstitucionalidad?
Si la defensa de los intereses del Estado dentro del sistema de administración de justicia está, en primer lugar, a cargo del procurador de la Administración, ¿cómo, en contravía, la firma Patton, Moreno & Asvat solicitó a la Corte -en nombre y representación del Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá- que declarara que el artículo 1 de la Ley 406 no era inconstitucional? ¿Será que ellos fueron malinterpretados y a quien realmente representaban era al Ministerio de Comercio Internacional de Canadá? El alegato de esa firma no habría podido parecerse más al de Morgan & Morgan, abogados de la minera, ni aunque se hubiesen puesto de acuerdo deliberadamente.
Hay que reconocer que, al menos, estos despachos identificaron a sus representados, porque Arturo Hoyos también pidió a la Corte que rechazara la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 406, pero sin mencionar su relación con Minera Panamá. Hoyos ostenta ahora el dudoso honor de haber sido el único exmagistrado que se posicionó a favor de la Ley 406, porque los demás que argumentaron ante la Corte (Adán Arjona, Jerónimo Mejía, Harley Mitchell) pidieron la declaratoria de inconstitucionalidad.
La plata siempre fue el hilo que movió los intereses de los negociadores panameños. Y aunque los exministros Ramón Martínez y Federico Alfaro y el contralor Gerardo Solís ya están denunciados penalmente para que se investigue su conducta, la verdadera lista quizá sea más extensa. Además, ya debería haber alguien transcribiendo el acta de la sesión del pleno legislativo del 19 de octubre pasado, en la que se aprobó en segundo debate el proyecto 1100 (del que surgió la Ley 406). Allí, la discusión estuvo centrada en los supuestos “beneficios sociales” de la concesión, presagiando una “explosión social por el cese de la empresa” si el contrato no era aprobado (aunque el estallido se dio por todo lo contrario).
En esa sesión participó alguien llamado Michael Rodríguez, que fue presentado como “asesor legal del Estado en esta materia”. Según él explicó, un eventual arbitraje duraría de tres a cinco años y representaría un alto costo. “Por eso se razonó, una y otra vez, que la mejor opción es aprobar el contrato antes que exponer al país a una demanda internacional que pagarían los gobiernos venideros”, resumió la Asamblea. ¿Desde cuándo les importa lo que habrán de pagar los gobiernos? ¿A partir de ese día? Ni uno de los 45 diputados que votó a favor del contrato se ha asomado para dar la cara.
El procurador González (que no tiene una hebra de tonto) ya está vigilante del posible arbitraje anunciado por la minera y mandó a pedir copia de un supuesto “acuerdo de concesión 2023″, invocado por la empresa para sustentar su reclamo. Ojalá esta vez, en lugar de pagar millones a abogados que parecen más hábiles asesorando cómo violar la Constitución que defendiendo al Estado, la Presidencia busque profesionales realmente comprometidos con los intereses nacionales (de Panamá, no de Canadá u otro país).
