En el pesebre, ni el paso del tiempo ha podido quitar al burro de su escenario. Su papel allí ni siquiera ha estado sujeto a discusión. En la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional (AN) ha sucedido algo muy parecido durante el último lustro y, como en aquel caso, aquí nadie se pregunta por qué.
Desde el año 2018, la comisión más influyente de la AN y del país -incluidas las comarcas y a la malograda mina- ha estado presidida por una misma figura: Benicio Robinson. Parece que el trineo del Papá Noel bocatoreño está blindado ante los escándalos que han involucrado fondos públicos, presuntas violaciones al reglamento interno, intentos para castigar a medios de comunicación por publicar su foto y hasta el misterio acerca de la existencia de un acta que certifique su elección como presidente de esa instancia. Bajo su “liderazgo”, se puede preguntar impunemente a ministros y jefes de instituciones “¿qué hay pa’ mí?” o meterlos en el “cuartito”, una especie de sala de tortura. No se puede decir que Robinson está ahí por sus créditos académicos en economía o finanzas, ya que cursó estudios de ciencias políticas (carrera que parece nunca haber terminado y mucho menos practicado), aunque se da el lujo hasta de retar al ministro de Economía y Finanzas, que sí estudio la materia y tiene hasta una maestría en filosofía de la economía (aunque a veces no lo parezca). Incluso, el pasado jueves él mismo reconocía su escasa comprensión del tema, cuando exclamó: “yo no sé qué está haciendo el ministro Alexander”. Y ahora que han dejado el decoro y las apariencias, los emplazamientos son más directos: “Lo que tiene que hacer [suponer que se refiere a Alexander] es aprobar lo que nosotros destinamos”, dijo Robinson sobre los “reajustes” solicitados al presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2024, a principios de octubre pasado, cuando la Comisión de Presupuesto vociferaba por un aumento en las “recaudaciones”, producto de la supuesta recuperación económica. Lo que ocurrió el siguiente mes ha sido exactamente lo contrario, pero eso es lo de menos: los ajusten van porque van. Entre esos “reajustes”, hay $53.4 millones adicionales para la Autoridad de Descentralización y $400 mil para el Ifarhu, porque no hay que olvidar que el que viene es un año electoral. Por lo pronto, no hay presupuesto aprobado y aquí nada se moverá si no meten la mano peluda aquellos que controlan los fondos del Estado desde la Asamblea. Si esta gente quiere operar como inversionistas de una compañía privada, ¿por qué no emiten acciones del país y le entregan una a cada panameño? Quizá así podríamos cambiar al CEO si resulta un incompetente o traiciona nuestros intereses, y no habría que esperar cinco largos años.
