Las empresas Cable & Wireless Panamá y Naturgy están en la mira de la Contraloría General de la República.
Anel Flores, contralor general, anunció este martes 18 de agosto que se realizarán auditorías forenses a ambas compañías, en las que el Estado mantiene una participación accionaria del 49%.
“Nosotros hemos visto cosas (en Cable & Wireless) que obviamente no son del mejor agrado, ni son al servicio del país”, dijo Flores en TVN Noticias.
Según el contralor, durante la administración de Laurentino Cortizo (2019-2024) se registró un posible conflicto de interés. “Cable & Wireless me va a tener que explicar a mí cómo fue que el señor (José Gabriel) Carrizo, que era el vicepresidente, tenía en esa compañía mixta al cuñado. Eso, en cualquier bolsa del mundo, es un conflicto de intereses rayando en corrupción”, afirmó.
Julio Spiegel, cuñado de Carrizo —actualmente bajo la medida cautelar de depósito domiciliario—, fue presidente ejecutivo y gerente general de Cable & Wireless desde 2016. Posteriormente, ocupó la presidencia de la junta directiva hasta enero de 2023, cuando dejó la empresa.
Desde 1997, el Estado panameño posee el 49% de las acciones de Cable & Wireless, tras la privatización del antiguo Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL).
Naturgy, también bajo revisión
Sobre Naturgy, Flores aseguró que la Contraloría “va a reabrir una investigación”.
A su juicio, los dividendos que recibe el Estado son muy bajos en comparación con los ingresos de la empresa. Naturgy entregó el pasado 10 de agosto al Estado panameño $9.87 millones en concepto de dividendos correspondientes a las utilidades de la vigencia fiscal 2023.
“Entregaron 9.8 millones de dólares en ventas de 1,000 millones, con un servicio pésimo, que todo el mundo se queja de ello”, dijo Flores.
El contralor recordó que la empresa aún mantiene deudas con el Gobierno y cuestionó además el costo de la electricidad en el país. El Estado también posee el 49% de las acciones de Naturgy.
“Gracias a los costarricenses y a los colombianos, hemos podido proteger los 75 mil kilómetros cuadrados (de Panamá). Casi se lo llevaban todo. Y ha sido un descaro lo que están haciendo con este país”, sostuvo Flores.
Caso Panamá Ports, con poco avance
En cuanto a la auditoría a Panama Ports Company (PPC), Flores se quejó de la falta de avances en el proceso.
“Tenemos Panama Ports con más de un año y no hemos visto movimiento en el Ministerio Público sobre el tema de la posible corrupción que hubo ahí”, manifestó.
Panama Ports fue notificada el 20 de enero de 2025 por la Contraloría sobre el inicio de una auditoría financiera.
Auditores de la Contraloría elaboraron varios informes en los que se reveló que Panama Ports habría entregado $483 millones de los $1,337 millones que, según esos informes, debía entregar al Estado panameño como parte del contrato para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal.
El contrato de concesión entre el Estado y PPC para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal fue aprobado mediante la Ley 5 del 16 de enero de 1997, durante la administración de Ernesto Pérez Balladares.
Mediante ese acuerdo, la compañía asumió el control de dos de las terminales portuarias más estratégicas del país, ubicadas en las entradas del Canal de Panamá, y se comprometió inicialmente a realizar pagos anuales al Estado que incluían una suma fija de $22.2 millones y el 10% de sus ingresos brutos.
