La Cámara de Comercio e Industrias de Panamá (Cciap) sostiene que el país requiere “determinación, unidad nacional y un espíritu optimista” para abordar los retos que obstaculizan el fortalecimiento de la institucionalidad y el pleno respeto al Estado de Derecho.
Aseguran que se debe dejar atrás los intereses particulares y priorizar el bienestar colectivo.
En la columna semanal, el gremio explica que el sistema de justicia y la Procuraduría General de la Nación son pilares fundamentales que necesitan un fortalecimiento urgente.
En este contexto, aseguran que el caso Odebrecht sigue siendo un símbolo de los desafíos de la justicia panameña y se debe avanzar en las investigaciones y garantizar el juzgamiento de los responsables.
El presidente del gremio, Juan Arias, considera además que, con el inicio de funciones del próximo contralor, Anel Flores, el próximo 2 de enero de 2025, se abre una oportunidad para que la Contraloría General de la República pueda “actuar como ente fiscalizador enfrentando la corrupción y la politiquería”.
#CámaraOpina "Desde la CCIAP mantenemos nuestro compromiso con un Panamá más justo, inclusivo y transparente. Trabajaremos incansablemente para convertir estos desafíos en oportunidades". @juanariaspty https://t.co/idZ6qniE1B
— Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura (@CCIYAP) December 29, 2024
El manejo de los auxilios económicos, el sistema de pagos del Vale Digital y el Pase-U por parte del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), aseguran, también demanda un escrutinio minucioso para esclarecer y procesar las presuntas irregularidades.
Además, piden que los procesos judiciales contra expresidentes y exfuncionarios sean abordados con transparencia y firmeza para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones.
Otros temas cruciales que exigen atención inmediata incluyen la decisión sobre el proyecto de Ley 166, que busca reformar la Caja de Seguridad Social (CSS), el ordenamiento fiscal del Estado y la promoción de inversiones que impulsen la generación de empleo.
Además, la gestión eficaz de los recursos hídricos, el manejo de desechos, la mejora de los servicios médicos y el acceso a medicamentos, la seguridad ciudadana, la inmigración ilegal, la red vial, la construcción de viviendas de interés social, el pago a proveedores y la digitalización de trámites.
