Para el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Jorge Juan de la Guardia, es incomprensible que la Asamblea Nacional introduzca elementos sorpresivos, inconsultos y desmedidos de último momento, como ha sido la modificación al artículo No. 65 del Código Penal.
De la Guardia se refiere a que el pasado jueves 30 de enero el pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley No. 91, que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal.
En esa modificación se incluyó que las personas que firmen acuerdos de pena o que sean condenadas a no más de cinco años de prisión por corrupción, narcotráfico, blanqueo de capitales o cualquier otro delito de alto perfil serán beneficiadas con trabajo comunitario en entidades estatales.
Originalmente el proyecto de ley No. 91 fue presentado para establecer la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores de edad.
El dirigente gremial enfatizó que “todos debemos cumplir con la ley y, en ese sentido, a aquel que falle, debe caerle todo su peso. Estamos llamados, empresarios, trabajadores, políticos, estudiantes, sociedad en general, a denunciar los actos de corrupción de los que tengamos pruebas”.
“Confiamos en que el Órgano Ejecutivo será consecuente, tal y como hasta ahora lo ha demostrado, con lo que sociedad reclama. Al tiempo que, esperamos de todos los funcionarios que conforman este poder del Estado se conduzcan de forma vertical y con estricto apego a la ley”, destacó de la Guardia en el texto de la “Cámara opina”, que La distribuye todos los domingos la Cámara de Comercio.
De la Guardia enfatizó que la Cámara de Comercio ha sostenido por largo tiempo que la base del desarrollo general de Panamá se funda en la construcción diaria de un Estado de derecho, “a través de una justicia oportuna y equitativa para todos los que habitamos el territorio nacional”.
Recientemente los integrantes de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá se reunieron con el nuevo Procurador General de la Nación y le manifestaron su complacencia con el proceso que llevara a su nombramiento y expresándole expectativas en cuanto a ver, durante su gestión, el fortalecimiento de la administración de justicia en el país.
El pasado 1 de febrero diferentes sectores pidieron al presidente Laurentino Cortizo que vete parcialmente el proyecto de ley No. 91, que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal, para permitir que los condenados a penas que no excedan los cinco años de prisión –con excepción de los que cometan delitos sexuales contra menores– sean beneficiados con una pena sustitutiva de libertad y trabajo comunitario.
