El 19 de abril de 2011, el recién renunciado magistrado José Abel Almengor seguía recibiendo el tratamiento reservado para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ese día, la Comisión de Credenciales, Justicia Interior, Reglamento y Asuntos Judiciales decidió archivar las denuncias contra él.
Almengor, designado por el presidente, Ricardo Martinelli, a pesar del repudio de la sociedad civil, tenía sobre sí siete denuncias relacionadas con un supuesto complot para destituir a la entonces procuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez, enfrentada a Martinelli.
La decisión –adoptada por cinco de los nueve miembros de la comisión integrada por nueve diputados (tres del opositor PRD y seis de los partidos oficialistas CD y Panameñista)– tenía formalmente sentido, después de todo ya Almengor no era magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y por ley la Asamblea solo puede asumir funciones judiciales en procesos a jueces de la alta corporación de justicia y al Presidente de la República.
Por ello se esperaba que las denuncias contra el ahora ciudadano común y corriente José Abel Almengor fueran remitidas al Ministerio Público (MP) para que este investigara y aclarara los hechos. Sin embargo, los diputados acordaron cerrar el caso completamente. Archivaron las denuncias en la Asamblea y decidieron no enviar los casos al MP.
Todo se hizo de acuerdo al libro. El diputado Miguel A. Fanovich T. (panameñista), presidente de la comisión, explicó a este diario en su momento que “los correos electrónicos aportados como pruebas no son válidos legalmente” y que el caso moría allí porque el reglamento interno de la Asamblea no les permitía remitirlo al MP cuando se decidía el archivo del expediente.
De todos modos, el futuro de las querellas en el MP no era prometedor. Tres semanas antes (el 28 de marzo de 2011), el nuevo procurador general de la Nación, José Ayú Prado, había declarado que tras analizar los documentos que tenía a mano, suministrados por Ítalo Antinori, y las versiones divulgadas por los medios, la alegada conspiración destinada a defenestrar a su predecesora Ana Matilde Gómez no constituía delito.
Ese mismo día, el diputado presidente de la Asamblea Nacional, José Muñoz (CD), aseguraba que si las pruebas lo ameritaban, el magistrado Almengor sería investigado. “Y si Almengor tiene que ser destituido o juzgado, esto se hará”, afirmó. “Si al final hay que separar a Almengor, llegaremos hasta las últimas consecuencias”, aseguró.
En resumen, José Abel Almengor perdió su silla en la CSJ, pero eludió el proceso.
