DICTADURA MILITAR. SOLO UN CASO NO FUE CERRADO.

Seis de siete casos han prescrito en dos años

Seis de siete casos han prescrito en dos años
Seis de siete casos han prescrito en dos años

En los últimos dos años se han declarado prescritos seis de los siete casos de personas desaparecidas o asesinadas durante la pasada dictadura militar, y cuyos expedientes fueron analizados por la Sala Penal de la Corte Suprema y tribunales superiores.

La fiscal itinerante del Ministerio Público, Janeth Rovetto, encargada de instruir casi un centenar de estos casos ocurridos entre 1968 y 1989, señaló que solo en el proceso de Cruz Mojica Florez, muerto hace 38 años, no se declaró la prescripción.

Este fallo fue dictado el 26 de enero de 2007 por la Sala Penal de la Corte, con la ponencia del magistrado Aníbal Salas. Esmeralda de Troitiño salvó su voto y Roberto González, suplente de la magistrada Graciela Dixon, hizo mayoría con su voto.

Sin embargo, en otros cuatro casos conocidos por esta misma Sala se ha declarado la prescripción de las investigaciones.

Se trata de la muerte de Ariosto González, cuya resolución se dictó el 21 de agosto pasado, y tuvo como magistrada sustanciadora a Graciela Dixon. Troitiño avaló el fallo y Salas salvó su voto.

En el caso de Reinaldo Sánchez Tena –dictamen del 10 de enero de 2006–, Troitiño actuó como ponente, Salas volvió a salvar su voto y Dixon hizo mayoría.

De igual criterio fue el fallo del 7 de febrero de 2006 por el caso de Narciso Cubas Pérez. Dixon fue ponente, Troitiño apoyó la moción, mientras que Salas volvió a salvar su voto.

En el caso de Gerardo Olivares Velásquez, ocurrió lo mismo. La magistrada Troitiño fue la ponente, Dixon apoyó la decisión, y Salas volvió a oponerse a la prescripción.

En los otros dos casos, en donde se ha rechazado la continuación de las averiguaciones, los dictámenes han provenido de tribunales y están pendientes de apelaciones.

El primero fue el 2 de agosto de 2006, cuando el Tribunal Superior de Coclé y Veraguas negó la solicitud de reapertura de las investigaciones de la muerte de Dora Moreno, y otras ocurridas en 1968.

La otra prescripción de las sumarias la emitió el Segundo Tribunal de Justicia de Panamá, el 20 de octubre de 2006, referente al caso de Félix González Santizo.


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