El proceso de consulta sobre el proyecto de ley No. 625, que adopta la legislación sobre la extinción de dominio comenzó este miércoles 16 de marzo en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.
Así lo reveló el diputado presidente de la Comisión de Gobierno, Víctor Castillo, quien detalló que “se efectuará un análisis de la figura jurídica de extinción de dominio y su regulación, de acuerdo con la legislación panameña”.
Ese periodo de consultas se inició con un foro, el cual estuvo dividido en cuatro ejes temáticos, en donde se presentaron los aspectos generales de la norma, su incidencia frente a otras figuras jurídicas, las críticas que genera el proyecto y un análisis del impacto que ha logrado esta norma en otros países.
Por su lado, el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, proponente del proyecto de ley, aseguró que la norma es un instrumento idóneo para atacar “la base financiera de las organizaciones criminales”.
Pino planteó que con la extinción de dominio “se debilita su estructura y haciendo posible que el Estado y los ciudadanos tengan un resarcimiento con el decomiso de bienes ilícitos”.
“Es una norma que tiene un enfoque social, que erradica la capacidad financiera de los grupos delictivos, pretende ser un mecanismo efectivo para recuperar bienes adquiridos con dinero producto de actividades criminales”, dijo.
Al foro asistió Miriam Aldana Revelo, procuradora general de El Salvador, quien indicó que Panamá está dando un paso en firme al presentar la legislación de extinción de dominio.
Aldana expresó que “en nuestro país esta ley ha permitido erosionar la base financiera de las organizaciones dedicadas al crimen y al narcotráfico”.
Añadió que es una herramienta que permite cautelar aquellos bienes financiados con dineros provenientes de actividades ilícitas y darles un uso social correcto”.
