El domingo 5 de junio de este año arrancará el proceso de entrevistas para los aspirantes al cargo de magistrado principal y suplente de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Así lo anunció el procurador de la Administración, Rigoberto González, quien coordina la Comisión Especial Evaluadora, convocada por el Consejo de Gabinete el pasado 23 de mayo, mediante la Gaceta Oficial No. 29542, para que haga las entrevistas.
González explicó que una vez termine la entrega de hojas de vida arranca el proceso de entrevistas. Dijo que el tiempo de exposición que tenga cada aspirante dependerá de la cantidad de postulados; el cuestionario para los aspirantes abordará temas como derechos humanos y el compromiso con la justicia.
Los aspirantes tienen 10 días para presentar sus hojas de vida, período que inició el jueves 26 de junio y que culmina el 4 de junio. La documentación debe llevarse al Centro de Investigación y Capacitación de la Procuraduría de la Administración, ubicado en Los Llanos de Curundú, en un horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. A la hora de cierre de esta nota había presentado su currículum una aspirante: Margarita Camargo Cerceño.
El Ejecutivo busca llenar la vacante que dejará el magistrado José Ayú Prado y su suplente Asunción Alonso, cuyos períodos vencen el próximo 31 de diciembre.
El objetivo de la comisión es entrevistar a los candidatos y hacer las evaluaciones para luego enviar un informe al presidente Laurentino Cortizo, quien junto a su Gabinete debe escoger a los abogados que ocuparán los dos cargos. La Comisión espera que los ciudadanos emitan sus opiniones sobre los aspirantes a través del correo: pactoporlajusticia-magistrados@procuraduria-admon.gob.pa
La Comisión
Además del procurador González, la Comisión Especial de Evaluación está integrada por un representante del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial; un representante de la Procuraduría General de la Nación; el defensor del Pueblo, y un representante de los decanos de la facultades de derechos de las distintas universidades acreditadas, con más de 15 años de servicio al país, escogido por el Consejo de Rectores.
También la compone un representante del Colegio Nacional de Abogados; un representante de la Asociación Panameña de Magistrados y Jueces; un representante de la Alianza Ciudadana Pro Justicia; un representante del sector laboral, escogido mediante consenso de los grupos obreros organizados, coordinado por el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, y un representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada.
Mientras que habrá un representante del Comité Ecuménico, como observador y garante de las decisiones que se tomen en la comisión.
