El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, salió en defensa del anteproyecto de ley que presentó para reformar la Ley 37 de 2009 que descentraliza la administración pública, propuesta con la que pretende aumentar los recursos destinados a municipios y juntas comunales. Lo hizo ante la Comisión de Asuntos Municipales, que preside su copartidario del Partido Panameñista Medín Jiménez.
Su discurso en defensa del proyecto coincidió con el rechazo ciudadano a una de sus disposiciones más polémicas: el aumento de las dietas de la directiva de la Autoridad Nacional de Descentralización. El texto plantea quintuplicar el beneficio: de $100 a $500 por cada reunión.
Sin embargo, Herrera insistió en que el espíritu de la iniciativa es para “hacer un giro de 360 en los gobiernos locales, transparentando el sistema”. Explicó que los pilares de la reforma son la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas. Sin embargo, buena parte de su discurso estuvo orientado a justificar el aumento de las transferencias económicas, al señalar que lo que reciben actualmente las juntas comunales apenas permite ejecutar proyectos menores.
El anteproyecto ajusta el impuesto de inmuebles y eleva el monto mínimo para aplicar la fórmula de solidaridad intermunicipal de $500,000 $1,000,000.
El Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOSM) también experimentará un aumento progresivo: de $110,000 a $250,000a partir de 2026.
“Al final, en el tema inversión, te quedan 76 mil balboas. Yo quiero que [hagamos] un análisis profundo, qué obra tú puedes ejecutar con 76 mil balboas… en un corregimiento con 20 mil ciudadanos no puedes hacer nada con 76 mil dólares”, expresó.
‘Se quita ya...’
Sobre la controversia por el incremento de las dietas de la junta directiva de la Autoridad Nacional de Descentralización, en un tono defensivo, aclaró que dicho artículo no era esencial de la propuesta: “Si eso va a ser obstáculo de la ley, se quita ya… porque eso nunca fue el espíritu”.
Pese a su promesa de ajustes, la propuesta reaviva las dudas sobre si un mayor flujo de recursos a las autoridades locales puede terminar replicando el clientelismo y escándalos como el de la descentralización, un mecanismo que usó el gobierno de Laurentino Cortizo para inyectar recursos millonarios a gobiernos locales controlados por el Partido Revolucionario Democrático.
El especialista en descentralización José Machuca, invitado al debate, destacó los aspectos técnicos positivos de la iniciativa. Según él, el proyecto “promueve por primera vez en el país una política pública de descentralización municipal” desde la creación de la Ley 37 de 2009. También resaltó la incorporación de indicadores para evaluar si un municipio está preparado para asumir competencias, la obligatoriedad de la planificación participativa y la rendición de cuentas como requisito para recibir nuevas partidas.
No obstante, el propio Machuca advirtió que estas disposiciones solo serán efectivas si se aplican con criterios técnicos y no bajo el “vaivén político”, como ha ocurrido en el pasado. “Necesitamos reglas claras, que todos los municipios sepan cuáles son aquellos indicadores que deben cumplirse mínimamente para aspirar a ocupar el cargo”, remarcó.
Mientras el proyecto avanza a una subcomisión, la Asamblea enfrenta el reto de convencer a una ciudadanía que percibe con recelo cualquier intento de ampliar recursos en manos de alcaldes y representantes, sin antes resolver los vacíos de control que históricamente han acompañado la descentralización.
