El contralor general de la República, Anel Flores, anunció este lunes 7 de septiembre que firmó una nota para suspender la compra de vehículos nuevos para el Estado, salvo en casos de “urgencia notoria”.
Dijo que la nota será remitida al ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman.
Flores hizo el anuncio durante la sustentación del presupuesto de la Contraloría General de la República para la vigencia fiscal 2027, que asciende a $145 millones.
Explicó que la medida tiene el propósito de poner un freno a la adquisición de nuevos vehículos mientras se realiza un análisis sobre la forma en que el Estado administra y mantiene su flota.
“Tenemos 32 mil vehículos en el Estado, de los cuales calculo yo que pueden haber 5 mil en chatarra”, indicó Flores ante los diputados de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.
Según el contralor, buena parte del problema es por la falta de talleres y los procesos burocráticos para reparar los vehículos. Un automóvil puede quedar fuera de circulación durante meses por una falla menor, como una batería o un alternador, hasta terminar deteriorándose y convertirse en una pérdida para el Estado.
“Mientras usted hace todo el trámite para buscar la manera de reparar ese carro, pasan los seis meses”, explicó.
El contralor Flores también aprovechó el momento para cuestionar que el Estado continúe comprando vehículos sin resolver primero los problemas con su mantenimiento.
Aseguró que la Contraloría, que cuenta con una flota de unos 230 vehículos, no ha comprado unidades nuevas desde que asumió el cargo. La última adquisición, según dijo, fue de 200 vehículos Hyundai Creta.
Alquiler de vehículos
Durante la sustentación, el diputado José Pérez Barboni, de la bancada Seguimos, preguntó a Flores si también se había considerado establecer límites al alquiler de vehículos por parte de las instituciones.
El contralor respondió que está realizando “corridas financieras” para determinar qué modelo resulta más conveniente para el Estado: comprar o alquilar. Puso como ejemplo su experiencia en la empresa privada, donde, según dijo, optan por el alquiler con mantenimiento y seguro incluidos.
Flores considera que el alquiler podría permitir al Estado mantener una flota operativa sin que tenga que sumir directamente los costos y trámites por las reparaciones. Si una institución requiere, por ejemplo, 100 vehículos y cinco están fuera de servicio, el proveedor tendría que reemplazarlos inmediatamente.
A su juicio, también debe establecerse qué tipo de vehículo corresponde a cada institución según las funciones que desempeña. Mencionó al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), que por la naturaleza de sus labores puede requerir vehículos de doble tracción, frente a otras entidades que podrían usar sedanes.
“Hay que categorizar por gama y por institución”, sostuvo.
