La Contraloría General de la República presentó ante el Ministerio Público una denuncia penal por la posible comisión de delitos contra la administración pública en el contrato entre el Estado y Panama Ports Company (PPC), la empresa que operó durante casi tres décadas los puertos de Balboa y Cristóbal.

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La denuncia se presentó el pasado martes 17 de noviembre y abarca a quienes fueron miembros principales y suplentes de la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) entre 2014 y 2023, a los administradores generales de la entidad en ese mismo periodo y a la propia PPC.

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