La Contraloría General de la República anunció este lunes 12 de octubre que flexibilizó los procedimientos para el uso de fondos públicos y vehículos de las juntas comunales, con el argumento de facilitar la atención de las comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7.5 registrado el pasado viernes 9 de octubre.
Las disposiciones −anunciadas en coordinación con representantes de corregimiento y alcaldes− permiten utilizar fondos de los programas PIOPS (Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales) e IBIS (fondo derivado de la recaudación del impuesto de inmuebles) para adquirir alimentos, agua potable y otros artículos de primera necesidad, de acuerdo con los manuales de operación establecidos.
La Contraloría también autorizó que los vehículos de las juntas comunales se utilicen durante la emergencia sin necesidad de salvoconducto, con el propósito de trasladar a personas heridas y brindar asistencia a las comunidades afectadas.
Aunque la entidad asegura que mantendrá los controles sobre el uso de los recursos públicos, el comunicado no especifica si habrá procedimientos extraordinarios de rendición de cuentas.
En el comunicado, la Contraloría informó que mantendrá la coordinación con las autoridades locales y habilitó un centro de llamadas para atender consultas.
El Consejo de Gabinete declaró el sábado el estado de emergencia nacional y habilitó hasta $100 millones para compras sin licitación hasta el 31 de diciembre.
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