Un grupo de ciudadanos no recibirá copia de los resultados de la auditoría de oficio que realiza en este momento la Contraloría General de la República sobre los contratos bajo la planilla No. 172 de la Asamblea Nacional.
Así lo informó la Contraloría General de la República, la mañana de este lunes 16 de noviembre en un comunicado, en el que explica que no entregan la información porque sigue sin concluir ese proceso y “porque lo solicitado violaría la ley de transparencia vigente”.
El grupo de ciudadanos ya había acudido a la sede de la institución, el 19 de octubre pasado, para solicitar acceso a la información relacionada con la planilla 172, conocida como cashback.
Freddy Pitti, miembro de Acción Ciudadana, había dicho que se pidió esa información para conocer quiénes fueron contratados bajo la planilla. Además, alegó que se necesitaba conocer si ese personal cumplió con la labor asignada y cuál fue el manejo de la misma. “Esta planilla ha generado muchas dudas en cuanto a su manejo”, sostuvo Pitti cuando presentó la solicitud.
Contraloría no proporciona información de la planilla 172 de la Asamblea porque violaría la ley de transparencia.
— La Prensa Panamá (@prensacom) November 16, 2020
“Esta planilla ha generado muchas dudas en cuanto a su manejo”: Freddy Pitti, de Acción Ciudadana.#LaPrensaSecuestrada https://t.co/efbNqGGbEE
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De acuerdo con la Contraloría, en la normativa vigente, la información solicitada “es de carácter confidencial”, tal como lo dispone la ley 6 de transparencia (2002) “en sus artículos 1, numeral 5, y 14”.
Dicha ley, en su artículo 1, bajo el numeral 5, se refiere a la información confidencial y establece lo siguiente: “Todo tipo de información en manos de agentes del Estado o de cualquier institución pública que tenga relevancia con respecto a los datos médicos y psicológicos de las personas, la vida íntima de los particulares, incluyendo sus asuntos familiares, actividades maritales u orientación sexual, su historia penal y policivo, su correspondencia y conversaciones telefónicas o aquellas mantenidas por cualquier otro medio audiovisual o electrónico, así como la información pertinente a los menores de edad. Para efectos de esta Ley, también se considera como confidencial la información contenida en los registros individuales o expedientes de personal o de recursos humanos de los funcionarios”.
En cuanto a la solicitud de información sobre los servicios profesionales contratados por la Asamblea Nacional bajo la planilla No. 172, la Contraloría redirigió la petición al Órgano Legislativo.
Esa decisión se tomó porque “son actos propios de este órgano del Estado y es quien mantiene los originales bajo su custodia”, indica el comunicado.
En ese sentido, se le aclaró a los solicitantes que los contratos son remitidos a la Contraloría General para ejercer el control previo y, una vez refrendados, se devuelven. Por lo que, la Contraloría “no mantiene documentación en archivo”.
