El pleno de la Asamblea Nacional inició este lunes 9 de septiembre el segundo debate del proyecto de ley 23, por el cual los cargos de alta gerencia en las empresas estatales quedan excluidos del beneficio de las indemnizaciones establecidas en convenciones colectivas.
La discusión entró en un escenario de controversia ante los cuestionamientos de algunos diputados sobre si el proyecto pudiera chocar con otras leyes o con el Código de Trabajo.
Ante esto, la proponente de la ley y presidenta de la Comisión de Comercio, la diputada panameñista Ariana Coba respondió que el proyecto solo está dirigido a eliminar este beneficio a funcionarios de libre remoción y con un tiempo definido en su cargo y que no aborda ninguna convención colectiva de las empresas estatales.
Afirmó que en las propuestas de modificaciones presentadas este lunes en el pleno se está expresando que estos funcionarios no tendrán derecho a indemnización por despido ni por mutuo acuerdo.
“Porque los funcionarios son designados por cargos fijos establecidos. No están siendo despedidos, sino que han terminado su tarea para la cual fueron designados”.
El diputado del partido Movimiento Otro Camino (Moca), José Pérez Barboni, fue uno de los que presentó inquietudes sobre el proyecto, afirmando que sus observaciones están relacionadas con los convenios de la Organización Internacional de Trabajo y con el tema de la Ley de Indemnización.
“Lo que quiero evitar es ver algo que sucedió en muchas ocasiones en la Asamblea pasada, en donde muchos de estos proyectos que avanzaban en los procesos caían en incongruencias”, puntualizó.
En tanto, el diputado del Partido Revolucionario Democrático, Crispiano Adames, también expresó dudas sobre si proyecto de ley 23 pudiera afectar otras leyes y el Código de Trabajo y que era oportuno que la ministra de trabajo (Jackeline Muñoz) y representantes de los sindicatos de los trabajadores de las empresas estatales estuvieran en el debate.
Sobre este punto, la diputada Coba respondió que durante la discusión en primer debate se le cursaron las respectivas invitaciones.
El diputado Adames dijo en el pleno que recibió una llamada de Muñoz y que la ministra le informó que no tenía conocimiento del tema.
Estas inquietudes provocaron algunos breves recesos en el debate y las bancadas se pusieron de acuerdo para suspender la discusión, a fin de concretar las invitaciones a los sindicatos y a la ministra de Trabajo para que formen parte del debate.
Al cierre de la sesión, el diputado de Moca, Ernesto Cedeño, afirmó que la estrategia es suspender el debate, hacer el ajuste correspondiente para realizar las citaciones a las personas correspondientes y luego reanudar el debate.
Esta propuesta para impedir que los funcionarios con cargos de libre remoción en las empresas estatales no reciban indemnización surge luego que junio pasado se destapó el escándalo de gerentes y directivos de la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (Etesa) que recibieron jugosas indemnizaciones tras la aprobación de mutuos acuerdos. En seis de estos acuerdos implican el desembolso de casi $1 millón. Por ejemplo, el gerente general de Etesa en la pasada administración gubernamental, Carlos Mosquera, recibirá una indemnización de $249,195.96.
