Dólares marcados fueron la clave que llevó a dar con un nuevo caso de cobro de coima en la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam).
Se trata de la segunda ocasión en que empresarios denuncian a funcionarios de esa institución –en la actual administración– de pedir dinero a cambio de agilizar trámites o cerrar expedientes.
La primera denuncia por cobro de coima fue presentada en julio pasado por la empresa La Reserva, filial de Ardan International Group, y tras ello se destituyó a la entonces subadministradora de la Anam, Melanie Castillo, y a un asesor.
La denuncia incluía un supuesto pago de 800 mil dólares por la aprobación de un estudio de impacto ambiental.
Como parte del proceso administrativo iniciado por este caso, se le aplicó el detector de mentira o polígrafo al administrador de la Anam, Javier Arias, en la Presidencia de la República.
Nunca se dieron a conocer los resultados de estas pruebas.
En agosto pasado, el Consejo Nacional de Transparencia Contra la Corrupción abandonó esta investigación, aduciendo que el caso había sido notificado al procurador, Giuseppe Bonissi, situación que los colocaba al margen del caso.
Hasta el momento, no se han reportado avances en estas investigaciones.
