Sancionada por el presidente Laurentino Cortizo. Así quedó la propuesta legislativa que le permite a los gobiernos locales usar los fondos que reciben del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) –una partida concebida originalmente para inversiones– en planillas, contratos y “obras sociales”.
La propuesta, ahora denominada Ley 338 de 2022, es una de las tres iniciativas que modifican la Ley 37 de 2009 (sobre la descentralización en la administración pública), que fueron aprobadas por la Asamblea Nacional en el periodo de sesiones ordinarias que concluyó en octubre pasado.
La Ley 338 fue impulsada por el diputado perredista Javier Sucre, cuya hermana es la representante del corregimiento de Juan Díaz, en la capital.
La nueva norma permite que este año, a la puerta de la campaña electoral, los gobiernos locales usen hasta el 40% de los fondos del IBI, incluyendo los remanentes no comprometidos a la fecha, para gastos de funcionamiento administrativos (planilla y contratos) y “obras sociales”.
En un principio, los diputados pretendían que se pudiera hacer uso del 100% de esos fondos para los rubros antes mencionados, pero, tras el rechazo ciudadano, modificaron la propuesta.
Con la nueva ley, los fondos se podrán usar a discreción de los alcaldes y representantes de corregimiento, pues ahora no estarán obligados a hacer obras de inversión.
“Hasta el 31 de diciembre de 2022, los municipios distribuirán los fondos municipales provenientes del Impuesto de Bien Inmueble, en proporción a los gastos operativos de cada unidad administrativa, tomando en cuenta los servicios que prestan a la comunidad, la extensión territorial y densidad de la población”, dice la Ley 338.
Esto, en la actualidad, no es así, pues los fondos se distribuyen entre los representantes de corregimiento y los alcaldes con base en algunos criterios, entre ellos, un plan anual de obras e inversiones aprobado con el voto de las tres cuartas partes del consejo municipal de cada distrito.
De igual forma, en la nueva ley se estableció que los $110 mil que se le entrega a cada municipio y junta comunal mediante el Programa de Inversión de Obras Públicas y de Servicios Municipales, a través de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), “será revisado cada dos años y dicho valor podrá ser aumentado, mas no disminuido del último valor establecido”.
Adicional, el Ejecutivo podrá incrementar el monto de este programa antes de los dos años establecidos en el párrafo anterior. La Ley 66 de 2015, que modificó la Ley 37 de 2009, disponía que el 70% de esos fondos deberá ser usado en proyectos de inversión, mientras el 30% restante será para funcionamiento.
Recientemente, Edward Mosley Ibarra González, director de la AND, admitió que su despacho proporciona partidas adicionales a los establecidos por los programas de la descentralización, a aquellos gobiernos locales que solicitan que se le asigne más recursos. Esta revelación está en su respuesta a una solicitud de información que presentó el diputado independiente Juan Diego Vásquez. Estos desembolsos, desconocidos hasta ahora, crean una desigualdad entre los gobiernos locales.
