El presidente Laurentino Nito Cortizo sancionó el proyecto de ley 287, ahora convertido en la Ley 156 del 30 de junio, que dicta medidas económicas y financieras para contrarrestar los efectos de la Covid-19.
La iniciativa, conocida como “ley de moratoria” fue publicada en la Gaceta Oficial 29059 de este 1 de julio de 2020. La ley establece una moratoria sobre los préstamos otorgados por los bancos, cooperativas y financieras hasta el próximo 31 de diciembre.
Ayer sancioné y hoy está publicada en gaceta oficial, la Ley de Moratoria que extiende la suspensión de pagos, hasta el 31 de diciembre de 2020 en:
— Nito Cortizo (@NitoCortizo) July 1, 2020
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El artículo 1 de la norma dice que los beneficios de la ley serán aplicables a las personas afectadas por la crisis causada por el coronavirus, es decir, “a quienes se les ha suspendido o cesado su contrato laboral, los trabajadores independientes y comerciantes cuya actividad se ha visto afectada por las medidas sanitarias establecidas por el Órgano Ejecutivo”.
La ley igualmente establece que las personas que continúan recibiendo un salario fijo o ingreso regular producto de su actividad comercial, “no podrán acogerse” a la ley. Por lo tanto, los ciudadanos y empresas que quieran aplicar a esta moratoria deberán acreditar la afectación.
Según el texto legal sancionado por Cortizo, para hacerlo será suficiente con presentar una “declaración jurada en papel simple o ante notario público, para las personas naturales, jurídicas e independientes en la que hagan constar la afectación de sus ingresos, o carta de despido, suspensión de contrato de trabajo o disminución de la jornada de trabajo, para los empleados del sector público o privado”.
Los bancos de la plaza ya habían anunciado que concederían una moratoria adicional a la aplicada entre abril y junio, y de acuerdo a las circunstancias de cada cliente. Los representantes de la industria habían señalado que no era necesaria la aprobación de una ley, ya que crea una estructura rígida y difícil de modificar. Por el contrario, el regulador de la industria, la Superintendencia de Bancos de Panamá, tiene capacidad de reglamentar de una forma más ágil y con capacidad de responder o corregir de acuerdo a las necesidades del mercado.
En la primera fase de la moratoria, los bancos han flexibilizado, sin la necesidad de una ley, más de 1 millón de préstamos tanto a personas como a empresas, por un saldo que se acerca a los $27,000 millones.
Lea aquí la Ley 156 del 30 de junio de 2020.
