El mandatario Laurentino Cortizo sancionó la ley que exime de responsabilidad patrimonial a los funcionarios de la Contraloría General de la República que tienen el deber de controlar y fiscalizar fondos o bienes públicos.
Se trata del proyecto 907, el cual fue aprobado el pasado 25 de octubre en tercer debate por el pleno de la Asamblea Nacional. Ese día, el proyecto -impulsado por un grupo de diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD) - recibió 57 votos a favor y 4 en contra.
El proyecto suprimió y adicionó artículos a la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984 (orgánica de la Contraloría) y modifica la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008 que desarrolla la jurisdicción de cuentas (Fiscalía y Tribunal de Cuentas).
Sin embargo, el contralor Gerardo Solís aseguró que con esta iniciativa se robustece el control previo y posterior mediante el fortalecimiento e independencia de los auditores internos de las entidades fiscalizadas, de manera que no puedan ser destituidos sin la aprobación del contralor general.
“Los fiscalizadores y funcionarios de la Contraloría se convierten en embajadores de la independencia obligándose a actuar con más transparencia, prioridad y rendición de cuentas a la vez que se robustece la participación ciudadana, de acuerdo a las normativas internacionales de las entidades fiscalizadoras superiores,” manifestó Solís.
Esta ley también otorga estabilidad laboral por mérito a 2,932 funcionarios de la Contraloría.
El contralor Solís anunció que pronto se emitirán los certificados de estabilidad a funcionarios.
