La crisis del sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS) de Panamá ha alcanzado un punto crítico, con un déficit de $673.5 millones en el subsistema exclusivamente de beneficio definido del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) al cierre de 2023.
Las reservas se han agotado, y los ingresos actuales no son suficientes para cubrir los gastos, lo que ha obligado al uso de fondos de fideicomiso ya casi inexistentes.
Esta situación ha generado la necesidad urgente de reformas profundas y ajustes en la administración financiera de la CSS.
En respuesta, el presidente José Raúl Mulino ha sostenido una serie de reuniones con diversos sectores sociales y políticos para crear un consenso en torno a una ley que aborde la sostenibilidad del programa de pensiones.
Tras dialogar con representantes de gremios médicos, trabajadores y partidos políticos, Mulino concluyó ayer viernes esta fase consultiva con una reunión con los jefes de bancada de la Asamblea Nacional.
En este encuentro, se acordó dividir el debate previo a la presentación de la propuesta de ley en dos mesas separadas: una enfocada en la sostenibilidad del IVM y otra en mejorar las prestaciones médicas. El proyecto de ley se debatiría entre noviembre y diciembre de 2024.
