El hotel Decápolis de Ciudad de Panamá fue su primera parada, pero no su destino final. Un grupo de 97 migrantes deportados desde Estados Unidos (EU) se encuentra ahora en el albergue de San Vicente, Darién, sin un rumbo claro. Se trata de personas que, tras ser expulsadas del país que gobierna Donald Trump, han quedado en una situación incierta, pues no desean regresar a sus lugares de origen, donde aseguran correr peligro.
En las ventanas del hotel ubicado a pocos pasos de la bahía de Panamá, antes de su traslado, aparecieron carteles con mensajes desesperados. “Salven a las chicas afganas”, se leía en uno de ellos. En otro, una petición desgarradora: “No estamos seguras en nuestro país”. Ahora, desde un albergue en la selva del Darién, su situación sigue sin resolverse.
A este grupo de 97 personas, provenientes de países como Afganistán, Irán y China, entre otros, se sumarán en las próximas horas otros ocho migrantes, según informó el Ministerio de Seguridad Pública. Su futuro depende de las gestiones que organismos como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) puedan concretar.
“Se nos ha manifestado que son personas que no tienen reportes criminales, tienen familias, fueron capturados en la frontera. Están aquí y la OIM y Acnur los estarán asistiendo”, indicó la semana pasada el vicecanciller Carlos Ruiz-Hernández, quien ha estado al frente del tema.
Dinoska Montalvo, ministra de Gobierno, aseguró este jueves que tres de los migrantes deportados por Trump solicitaron refugio en Panamá. “Cosa curiosa también es que las mismas personas que invocaron el refugio, también han solicitado a los organismos internacionales (OIM y Acnur) que les faciliten poder hacer el trámite para solicitar refugio en un país como Canadá por ejemplo”, aseguró en el programa Noticia 180 minutos que conduce el periodista Alvaro Alvarado.
La ministra añadió que a través de la Oficina Nacional para la Atención de los Refugiados, se les ha facilitado traductores para el intercambio de comunicación. “Panamá los está apoyando”, añadió.
La postura del gobierno
El presidente de la República, José Raúl Mulino, defendió la llegada de los migrantes deportados y rechazó las críticas generadas por las dudas sobre la legalidad del proceso. Durante su conferencia de prensa semanal de este jueves 20 de febrero, el mandatario insistió en que no hay “nada escondido”. Manifestó que el operativo de repatriación de personas de EU, está basado en el memorándum de entendimiento firmado entre las dos naciones en julio de 2024. Añadió que el mismo se basa en el principio de “reciprocidad”.
También cuestionó la atención mediática que ha recibido el tema.
“A mí me sorprende que en este caso, que vienen (los migrantes) en dirección opuesta, es cuando levantan la voz; por 299. Cuando teníamos centenas de miles en Darién hace un año, nadie decía nada”, afirmó.
Sin embargo, la realidad es otra. Cuando el país enfrentó la llegada masiva de migrantes a través del Darién, el tema generó un intenso debate nacional y ocupó un lugar central en la agenda mediática. Los medios de comunicación advirtieron sobre la crisis humanitaria en la frontera con Colombia, dando amplia cobertura a la magnitud del problema.
12 familias y 24 menores
El mandatario también informó que de los 299 migrantes deportados desde EU, 157 son mujeres, 142 hombres, 12 grupos familiares y 24 menores de edad.
Según Mulino, 13 de ellos ya han retornado voluntariamente a sus países. El presidente insistió en que los migrantes están recibiendo un trato digno y negó cualquier maltrato por parte de las autoridades panameñas.
“Es falso que los estamos maltratando. Hay que ser bien perverso para pensar que nosotros, como panameños, vamos a maltratar a esa pobre gente que son víctimas de una realidad”, declaró.
La incertidumbre de los migrantes
Mulino también dijo que la acogida a los migrantes es parte de una estrategia regional en la que participan otros países, como Costa Rica, Guatemala y El Salvador. Además, recalca que los costos del operativo han sido cubiertos por la OIM y no por el Estado panameño.
No obstante, el propio presidente adelantó que ha solicitado al canciller Javier Martínez-Acha que inicie la redacción de un nuevo memorándum de entendimiento con EU lo que podría modificar la forma en que se manejen futuras deportaciones.
Mientras tanto, la incertidumbre sigue dominando la vida de los 97 migrantes en Darién. La decisión de si pueden quedarse en Panamá, ser enviados a terceros países o enfrentar la repatriación forzosa sigue en el aire.
