1068499Rafael Pérez G.rperez@prensa.comEl Tribunal Electoral (TE) se convirtió en la primera entidad pública en encender las luces amarillas al Decreto Ley No. 3, que cambia las reglas de juego migratorias en Panamá, y que está previsto a entrar en vigencia el próximo 26 de agosto, seis meses después de su promulgación.
La iniciativa, que apareció publicada en la Gaceta Oficial el 26 de febrero pasado, contempla, en su reglamentación, que aquellas personas residentes en el país que porten cédula de identidad personal panameña expedida por su condición de extranjero tendrán un plazo de un año, a partir de la vigencia de la nueva ley, para cambiar el referido documento.
Contra quienes incumplan con ese trámite, que se realizará a través del TE, advirtieron las autoridades migratorias, se procederá con la cancelación de su permiso de residencia permanente. El nuevo trámite tendrá un costo adicional aún no establecido.
Ese cambio de documento, ha explicado Tayra Barsallo, subdirectora nacional de Migración, permitirá a las autoridades precisar cuáles extranjeros residen verdaderamente en Panamá, porque la norma establece que aquellos que estén por más de dos años fuera del territorio perderán su residencia. “Eso quiere decir que quien no se acoja al llamado del TE de obtener su nuevo documento de identificación, puede abrírsele un expediente para cancelársele la residencia”, advirtió.
Sin definir
El anuncio, que activó las alarmas en la comunidad de extranjeros en Panamá, provocó que el TE, a través de su director nacional de Cedulación, Luis Bermúdez, saliera a calmar los ánimos. “Ese es un proceso que se va a llevar a cabo; pero no a partir del 26 de agosto...”, comentó Bermúdez en charla con este diario.
Este proceso, añadió, requiere de una “programación adecuada” para determinar cuál método se utilizará para el cambio de ese documento, y todavía el TE no lo ha definido”. Antes de entrar en esas tareas, dijo, el TE está en la espera de que se termine de instalar un nuevo sistema para expedir cédulas.
Culminada esa fase, acotó, los magistrados del TE, en sala de acuerdos, determinarán los pasos a seguir que incluyen la fecha de inicio de este proceso y el costo que representará ese trámite. “Hasta tanto eso [el nuevo sistema] no esté; no podemos hacer un plan definitivo ni podemos dar una fecha de inicio”, recalcó Bermúdez. Datos estimativos del TE indican que la emisión, por primera vez, de la cédula tiene un costo de 65 dólares y su renovación tiene un valor de 50 dólares. Depende de cuántas veces sea extraviada, su portador puede llegar a pagar hasta 70 dólares adicionales.
La población
Según registros del TE, la población de extranjeros que posee cédula panameña ronda las 82 mil personas. (Ver cuadro). La comunidad china ocupa el primer lugar, con cerca de 17 mil 114 personas que portan cédula, cifra que incluye los provenientes de China, Taiwan, República de China y China popular.
Les siguen los colombianos, con 13 mil 294; los nicaragüenses, con 4 mil 313; e indios, con 3 mil 54 ciudadanos. Sin embargo, en los registros del TE existe un importante número de extranjeros, 21 mil 322 para ser exactos, que le fue otorgado cédula panameña pero en las tarjetas no aparece consignada su nacionalidad. El nuevo trámite, dijo Bermúdez, permitirá precisar esa información.
Pero aunque no se tenga la fecha precisa del inicio de ese nuevo trámite, los e extranjeros critican la medida. Especialmente, se cuestiona el hecho de que los extranjeros tengan que cancelar una suma por el nuevo documento, sobre todo porque ya ellos pagaron por su cédula de identidad.
Extranjeros cuestionan cambio de documentos
“Es una decisión desacertada y cosmética, que en nada servirá para solucionar los problemas de seguridad”, comentó un ciudadano guatemalteco con 30 años en Panamá. “El único objetivo de la medida es castigar aún más el bolsillo de los extranjeros, como si ya no pagaran sobrados impuestos al fisco nacional”, aseguró.
Con 25 años en el país, un ciudadano chileno dijo que las autoridades panameñas “se empeñan -una y otra vez- en hacernos sentir extranjeros, que no somos de acá [...] y que debemos pagar por ese delito. Así, aunque seamos residentes, tengamos cónyuge panameño, hijos panameños, nietos panameños, seguimos siendo culpables de extranjería”.
A su turno, un venezolano con poco más de cuatro años en Panamá dijo que las autoridades deben entender que “el hecho de ser extranjeros no nos convierte en ciudadanos de segunda clase. Quienes tramitamos y obtuvimos un permiso de residencia permanente, ya hicimos una inversión de tiempo y dinero [...] No nos deben volver a someter a engorrosos procesos administrativos”.
