La crisis de las democracias es global. “Existe un declive y estancamiento de la democracia en todo el mundo, mientras que los regímenes autoritarios profundizan su represión”, dice un informe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), con sede en Estocolmo, Suecia.
Y enumera: hay “conflictos políticos y económicos, incluido el aumento de los precios de los alimentos y energía, una inflación galopante y una inminente recesión”. Los problemas, además, ocurren en el contexto inestable del cambio climático, la desigualdad no resuelta durante mucho tiempo y la pandemia de la covid-19 y generan otros como “las restricciones a la libertad de expresión hasta la desconfianza en la legitimidad de las elecciones”.
El estudio titulado El estado mundial de la Democracia 2022. Forjando contratos sociales en tiempos de descontento midió cinco componentes de las democracias del mundo: derechos fundamentales, administración imparcial, gobierno representativo, control de gobierno y participación de la sociedad civil. La conclusión es “una mezcla tóxica” de crisis, según dijo el secretario general de IDEA Internacional, Kevin Casas-Zamora.
Panamá no escapa a la tendencia, aunque continúa siendo una “democracia de desempeño medio”. El director regional de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe, Daniel Zovatto, dijo a La Prensa que el país demostró estabilidad en la calificación, si se la compara con el año 2021 y con otras del continente.
Aunque América es el segundo continente más democrático, el informe también apunta que Haití, Nicaragua y Venezuela se han unido a Cuba como países con regímenes autoritarios. Mientras que un tercio de las democracias experimentaron disminuciones en varios atributos en los últimos dos años. Entre ellos, Bolivia, Brasil, El Salvador, Guatemala y Estados Unidos, que tienen la mayor cantidad de descensos.
Desconfianza
Una mirada cercana a los datos revela también que, si bien muchos países han puesto en marcha las leyes y la infraestructura necesarias para respaldar a las instituciones, el acceso desigual a los servicios del Estado es un problema grave y continuo.
En Panamá, la línea de la desigualdad es abismal, aunque es uno de los países que más ha crecido en la región en las últimas décadas: el 10 % más rico obtiene el 37.3 % del ingreso nacional, es decir, casi 13 veces más que el 40 % más pobre, según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Otro rasgo de época es la desconfianza que existe entre los ciudadanos y sus gobiernos. “El declive de la democracia global incluye la desilusión de los jóvenes con los partidos políticos y los líderes inaccesibles”, dice el informe de IDEA Internacional.
En Panamá, los niveles de desconfianza están entre los más altos de América. Pesan sobre las instituciones como la Asamblea Nacional, los gobiernos y los partidos políticos, pero también entre las personas. Una encuesta del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales indicó que el 74.2 % de los ciudadanos piensa que la gente “nunca o pocas veces es confiable”.
Sobre esos elementos se cocinó la insatisfacción que estalló en julio pasado, con protestas y cierres de calles en todo el país. El movimiento obligó al gobierno de Laurentino Cortizo a sentarse en una mesa de diálogo. La reanudación de la segunda etapa de este diálogo aún está en proceso.
Para Zovatto, eso debilita la democracia: “La desconfianza ciudadana generalizada con respecto a las élites, las instituciones y el sistema político en su conjunto ha impregnado las relaciones entre las personas y ha afectado a las organizaciones sociales, lo que contribuye a debilitar la calidad de la democracia”.
Escenario complejo
En diálogo con La Prensa, Zovatto advirtió que el escenario regional para la democracia en el 2023 “continuará siendo complejo y volátil, cargado de desafíos y amenazas, y con altos niveles de incertidumbre y de riesgo político”.
Explicó que el bajo crecimiento económico, el alto costo de la vida, el aumento de las tasas de interés para controlar la inflación, los reducidos espacios fiscales y sus consecuencias sociales (pobreza, desigualdad e informalidad), deben ser atendidas.
“Constituyen una combinación tóxica que, de no ser bien manejadas por los gobiernos latinoamericanos, podría gatillar nuevos estallidos sociales, complicar aún más la gobernabilidad y producir un mayor deterioro o retroceso democrático. Se vienen tiempos nublados para la región”, dijo.
Las propuestas
Para no seguir dando espacio a la crisis democrática, IDEA Internacional propone para el continente más participación y mejor representatividad. Es decir, que los gobiernos y las instituciones de derechos humanos involucren a los grupos de la sociedad civil y activistas en el desarrollo de políticas públicas con mecanismos más participativos, a través del cual las demandas de los manifestantes puedan ser discutidas e incorporadas.
Hay ejemplos. La Comisión de Derechos Humanos de Canadá ha tomado medidas para aprovechar los procesos participativos para orientar la toma de decisiones en temas sociales. El Defensor Federal de la Vivienda, alojado en la Comisión, se basa en información pública de canadienses que sufren de problemas de vivienda y casos de personas sin hogar para establecer las recomendaciones para una mejor política pública.
En su informe, IDEA Internacional también destaca la creación del pacto ético digital que promueve el Tribunal Electoral de Panamá de cara a las elecciones generales de mayo de 2024, el cual busca involucrar a los ciudadanos en el uso responsable de las redes sociales durante los comicios.
El documento no detalla más datos de Panamá. No obstante, los datos recabados para realizar la investigación dan cuenta de que el país enfrenta desafíos para que no quede estancado en una “democracia de rango medio”, según Zovatto. “Así podrá progresar hacia una democracia de alta calidad”, dijo.
Entre estos aspectos, mencionó que hay pocas herramientas legales y es casi nulo el uso de diferentes instrumentos de democracia que permitan la participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones, así como el tema de la independencia judicial.
Pero, ¿cómo Panamá puede reconstruir la confianza minada en las instituciones y entre nosotros? Ese es el desafío.
El analista José Stoute apuesta por “un gran acuerdo nacional entre organizaciones y personalidades ajenas al clientelismo y la corrupción”. Para eso, habría que construir un programa democrático que “proponga una nueva Constitución, amplíe las libertades democráticas y siente las bases de un Estado de bienestar, con resguardo y ampliación de los derechos y garantías sociales”.
