El abogado Abdiel González Tejeira, secretario General del Movimiento Proyecto 2000 de Arraiján, presentó ante la Procuraduría General de la Nación una denuncia contra el contralor general de la República, Gerardo Solís, luego que La Prensa publicara un listado de más de dos mil nombres de personas que habían sido beneficiadas con auxilios económicos por parte del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).
Ingrese a la base de datos aquí.
Abogado Abdiel González presenta en el Ministerio Público denuncia contra el contralor Gerado Solís, por el escándalo de los auxilios económicos. @ecotvpanama pic.twitter.com/3Fl0VFLgdQ
— FÉLIX ANTONIO CHÁVEZ (@felixchaveztv) April 15, 2024
De acuerdo con González, Solís violó el artículo 102 de la Constitución, la cual menciona que “el Estado establecerá sistemas que proporcionen los recursos adecuados para otorgar becas, auxilios u otras prestaciones económicas a los estudiantes que lo merezcan o lo necesiten. En igualdad de circunstancias se preferirá a los económicamente más necesitados”.
Además, el abogado indicó que la Ley de Transparencia dice que cuando se trata de fondos públicos, ya sea a categoría de beneficiario o por contratista, no se puede ocultar el destinatario, ni su nombre, ni su cédula.
El 56.13% de los nombres de los beneficiarios de los auxilios económicos que entregó el Instituto para la Formación y el Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) sigue siendo un secreto.
En la base de datos publicada por La Prensa, consta que el Ifarhu repartió 4,903 auxilios no reembolsables entre el 7 de julio de 2019 y el 24 de mayo de 2023. Pero únicamente se conoce la identidad de 2,144 beneficiarios. En el caso de los 2,759 auxilios restantes, en la casilla donde debe aparecer el nombre y apellido se indica que la información del beneficiario final fue ocultada por la Contraloría.
La Contraloría, a cargo de Gerardo Solís, clasificó la información de los auxilios como “reservada”, después de que el Ifarhu invocara la Ley 81 de 2019 sobre protección de datos personales.
También, González explicó que Solís podría haber incurrido en omisión de deberes públicos, asociación ilícita para delinquir, encubrimiento y violación a la Constitución.
“Estamos hablando de más de 141 millones de dólares que se han malgastado, malversado, regalado”, puntualizó González, pidiendo celeridad en el proceso.
Solís dijo, a través de un comunicado, que confía en que el Procurador General de la Nación, Javier Caraballo, procederá en derecho como corresponda. “Con humildad, como hombre de leyes, respetuoso de la institucionalidad democrática esperamos eso. Los servidores públicos tenemos que soportar con estoicismo la pesada carga del escrutinio legal de nuestras acciones. Y a ello nos atenemos con la conciencia tranquila”.
