Federico Alfaro Boyd, quien hasta hoy fungió como ministro de Comercio e Industrias, y el contralor general de la República, Gerardo Solís, fueron denunciados penalmente ante el Ministerio Público.
Los recursos fueron gestionados (por separado) este jueves 30 de noviembre por los abogado Ernesto Cedeño y Rosendo Rivera. La denuncia de Cedeño pretende que se investigue a Alfaro Boyd y a Solís por haber participado “activamente” en la creación de la Ley 406, que adoptó el contrato entre el Estado y Minera Panamá S.A., norma que posteriormente fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por violar 25 artículos de la Constitución.
Rivera, en tanto, los acusa a ambos de la supuesta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de abuso de autoridad e infracción de los deberes del servidor público, así como de la presunta comisión del delito contra la personalidad jurídica del Estado y contra la personalidad internacional del Estado en prejuicio de la sociedad panameña.
El abogado Ernesto Cedeño sobre la denuncia penal que presentó contra el Ministro de Comercio e Industrias y contra el Contralor General. Video Cortesía pic.twitter.com/57wdBvTCwW
— La Prensa Panamá (@prensacom) November 30, 2023
“El primero (Alfaro) empujó y celebró el contrato; y el contralor no cumplió con su papel de buen padre de familia”, dijo el abogado tras interponer la denuncia en la Procuraduría General de la Nación. Recordó que en derecho los contratos no nacen a la vida jurídica sin que el contralor los refrende “y Gerardo Solís lo refrendó”.
“Ellos tendrán la oportunidad de rendirle cuentas a la justicia por sus actos. Creo firmemente en la rendición de cuentas y en la certeza del castigo”, dijo el abogado al tiempo que le pidió a la Procuraduría de la Nación que “juegue ahora su papel”.
El pasado miércoles, Cedeño presentó ante la Fiscalía General de Cuentas una denuncia administrativa para que se investigue el manejo de los fondos asignados para la asesoría y redacción del contrato minero. Alfaro, en calidad de ministro, solicitó a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional una partida de $5.9 millones para sufragar los gastos de redacción del contrato.
La Prensa dio a conocer que Alfaro y su antecesor Ramón Martínez le solicitaron al procurador de la Administración, Rigoberto González, que mantuviera “en reserva” todas sus opiniones sobre la renegociación y aprobación de la Ley 406, a pesar de que éste le advirtió, por escrito, cuáles fueron los errores cometidos con la concesión otorgada en Donoso, en 1997, y les previno de no incurrir en las mismas faltas en el nuevo contrato con la minera, como la “falta de licitación pública”.
Alfaro renunció a su puesto de ministro de Comercio e Industrias, durante la tarde de este jueves 30 de noviembre.
