La comparecencia de la directora de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), Roxana Méndez, ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional estuvo marcada por tres asuntos: el aumento de los aportes estatales, la necesidad de mejorar los controles sobre los fondos públicos y el avance de las investigaciones relacionadas con las juntas comunales.
El dato más relevante surgió al abordar estas últimas. El 60% de los 80 casos de fondos de descentralización que ya fueron auditados por la Contraloría General de la República no pudo sustentar el uso del dinero. En esos expedientes, la AND reporta una lesión patrimonial documentada por más de $44 millones, informó Méndez durante las vistas presupuestarias de 2027.
La funcionaria explicó que la AND ha presentado 353 denuncias ante el Ministerio Público relacionados con la descentralización paralela luego de revisar la documentación entregada por quienes recibieron los recursos.
Los casos forman parte de un universo de transferencias por alrededor de $300 millones que, según Méndez, fueron realizadas sin un manual de procedimiento y con información limitada sobre el destino de los fondos.
La fiscalización
Al asumir la dirección de la institución, Méndez pidió a los responsables que documentaran cómo habían utilizado el dinero y les dio tres meses para entregar los sustentos. La revisión encontró expedientes con documentación completa, otros con información incompleta y casos en los que no fue posible demostrar el destino de los recursos. Incluso hubo personas que entregaron cajas con cheques y talonarios como respaldo de los gastos, relató.
“Con la plata del pueblo y este dinero no se puede jugar como se hizo”.
La AND no realiza las auditorías ni determina si hubo delito. Su función, explicó Méndez, fue revisar la documentación y remitir al Ministerio Público los casos en los que no se logró justificar el uso de los fondos. Corresponde a la Contraloría establecer, mediante sus auditorías, si existió una afectación patrimonial.
En paralelo, el presupuesto de la AND para 2027 será de $296.4 millones, de los cuales $73.5 millones corresponden a funcionamiento y $222.8 millones a inversión. Los aportes del Estado destinados a transferencias como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOPSM) y subsidios también aumentarán: serán $286.7 millones en 2027, frente a $221.5 millones este año y $188.8 millones en 2025.
La ruta de las denuncias también fue objeto de cuestionamientos durante la comparecencia, debido a que la AND presenta los casos ante el Ministerio Público y este puede solicitar posteriormente las auditorías a la Contraloría.
Los diputados Luis Duke y Yamireliz Chong, de la bancada Vamos, plantearon la necesidad de fortalecer la fiscalización y el uso de estos recursos, y cuestionaron que fondos públicos puedan destinarse a festejos u otros gastos que consideraron superficiales. Méndez insistió en que una denuncia no equivale a una imputación ni determina responsabilidad penal.
