La presidencia de la República participó activamente, junto a la Autoridad Nacional de Transparencia (Antai), en la preparación del proyecto de ley que deroga la Ley de transparencia y la substituye por un nuevo modelo que convierte a la Antai en el nuevo “ente rector y garante” de la transparencia en Panamá.
Al minúsculo círculo compuesto por la Presidencia y Antai se le sumó una consultora de Unesco.
El proyecto de ley se discute actualmente en primer debate en la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, y pretende la derogatoria de la Ley 6 de 2002.
De acuerdo al mismo, la Antai, una entidad dependiente y supeditada al propio Ejecutivo, se transformaría en el nuevo actor y árbitro del acceso a la información pública.
El proyecto de ley ha recibido el rechazo de múltiples asociaciones de la sociedad civil, además de la Cámara de Comercio y de los Clubes Cívicos del país, quienes lo ven como una mutilación y retroceso al régimen actual.
De acuerdo a Eugenia Braguinsky, consultora de la Unesco, en la preparación de la legislación participó la Presidencia y la propia Antai. Esta información fue confirmada por la directora de Antai a este medio, Elsa Fernández.
A diferencia del enorme consenso alcanzado hace 21 años para lograr la aprobación de la Ley 6 de 2002, en la cual participaron activamente organizaciones como Transparencia Internacional, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Defensoría del Pueblo, así como todas las fuerzas políticas del momento, el actual proyecto solo ha contado con la participación de funcionarios del Ejecutivo y una consultora de Unesco.
El gobierno ha dicho que el proyecto panameño usó de guía la Ley Modelo 2.0 de la OEA, la cual establece, como piedra angular de cualquier ley de acceso a la información, que el ente rector debe ser absolutamente independiente del poder político y compuesto por comisionados con nombramientos escalonados que garanticen su autonomía e independencia.
Braguinszky, preguntada sobre el por qué de que el proyecto del gobierno no convierte a la Antai en un ente independiente, dijo que “las autoridades panameñas no vieron factible esta posibilidad”, pues decidieron dejar a la misma como está, dependiente del Ejecutivo, a pesar de todo el poder que se le pretende atribuir.
Según la representante de Unesco, su labor fue la de “aportar conocimiento técnico” al objetivo del gobierno, esto es, incrementar las competencias de Antai.
