En medio de jornadas maratónicas que en algunas ocasiones se extienden hasta la madrugada, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, revisa estos días las solicitudes de cada institución del Estado para el 2026.
Janine Prado, diputada de la bancada Vamos y una de las voces más activas de esta instancia Legislativa, advierte que los presupuestos aprobados en el quinquenio pasado fueron “una aberración” y que ese legado todavía pesa sobre las finanzas públicas. En entrevista con La Prensa denuncia recortes “dramáticos” en áreas sensibles como salud, ciencia y agro, mientras se mantienen privilegios como seguros privados, gastos de representación y sobresueldos.
Prado asegura que el país arrastra un hueco financiero agravado por “millones y millones en vigencias expiradas y prestaciones adeudadas” y compara la situación de la Asamblea con un “cáncer metastásico” que mina la confianza ciudadana. También cita el caso del Cuarto Puente, cuyo costo se duplicó por sobrecostos sin que se señale a los responsables.
¿Qué siente al discutir un presupuesto que la ciudadanía apenas comprende, mientras muchos perciben que los fondos públicos son una especie de botín político?
En efecto, estamos realizando estas vistas presupuestarias, que no son más que revisar renglón por renglón en qué se gasta el dinero de todos los panameños en cada institución. Vemos que en algunas hace falta invertir más y que se están aplicando recortes realmente dramáticos y preocupantes. Entre ellas, ayer Senacyt, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. En contraste, en otros rubros donde realmente se puede ahorrar, viáticos, seguros, gastos de representación, sobresueldos, no se está haciendo.
Si tuviera que definir con una sola palabra la responsabilidad de la comisión, ¿sería transparencia, prudencia u otra?
Principalmente es la transparencia. Eso es lo que buscamos con este análisis de cara a la ciudadanía. También está la gran responsabilidad que tenemos ante este presupuesto. La ciudadanía debe entender que nosotros solo podemos aprobarlo o rechazarlo. La comisión puede hacer sugerencias, pero no puede modificarlo, lamentablemente.
¿Qué reflexión puede hacer sobre el contraste entre los reclamos de más fondos y la enorme deuda que arrastra el país?
Los responsables del saqueo que ha sufrido este país dejaron un hueco enorme. No solo el gobierno pasado duplicó la deuda, también nos dejó millones y millones en vigencias expiradas y en primas de antigüedad, que son prestaciones laborales adeudadas a miles de panameños. Eso lo vemos en cada institución y representa una carga aún mayor sobre las finanzas del Estado.
Si pudiera deshacer una sola decisión histórica de la Asamblea sobre el presupuesto, ¿cuál sería? ¿Asumiría las consecuencias políticas de ese cambio?
Volvería al menos una década atrás. Definitivamente, la aprobación de los presupuestos, especialmente en el quinquenio pasado (2019-2024), fue una aberración. Eso sería lo primero que cambiaría en materia presupuestaria.
¿Cuál es su mayor temor al revisar proyectos inconclusos que siguen recibiendo fondos?
Estamos viendo esas vigencias expiradas y muchos traslados de partida para pagos de obras que tratamos de verificar si realmente se ejecutaron, si todavía están dentro de los periodos de garantía o no, o si al menos cumplen con todas las formalidades. El temor es que se terminen pagando proyectos que nunca se concluyeron.
¿Cree que la transparencia que pregona el Gobierno es realmente una prioridad o solo un discurso?
La transparencia tiene que ser una prioridad, pero no siempre la vemos. Al final todos pagamos los sobrecostos, como ocurre con el Cuarto Puente. Es increíble que una obra que comenzó con un presupuesto de aproximadamente 1,500 millones de dólares ahora nos cueste el doble, por negligencia y por la falta de certeza del castigo en este país.
Si pudiera comparar a la Asamblea con un organismo vivo, ¿qué órganos estarían enfermos y cuáles aún podrían salvarse?
Esto se parece a un cáncer metastásico. Mis esperanzas están en que la ciudadanía asuma su rol fiscalizador. Aquí mismo en la Asamblea se rechazó un proyecto de ley que buscaba proteger a los denunciantes. El caso de la AIG es un ejemplo: un subdirector denunció irregularidades, fue destituido y, tras un largo proceso, ahora vemos que el Ministerio Público investiga a ciertos responsables.
¿Qué opina de los seguros privados que paga el Estado a ciertos funcionarios? ¿Cómo se justifican esos beneficios frente a un país tan endeudado?
A mi criterio son injustificables. En un momento que exige contención del gasto y austeridad, esos privilegios son innecesarios. Sí creo en mejorar las condiciones de los servidores públicos, pero debemos entender las circunstancias actuales. Todos debemos tener acceso a la Caja de Seguro Social y al Minsa. Los seguros privados deben quedar para más adelante, cuando logremos sanear las finanzas del Estado.
¿Cree que existe una casta de funcionarios privilegiados en el Estado?
Sin duda. Lo vemos principalmente en directivos y altos cargos con gastos de representación y otros privilegios.
En estos días de vistas presupuestarias, ¿cuál es tema que más le ha llamado más la atención?
El tema de los privilegios: seguros, gastos de representación y, sobre todo, el número desproporcionado de administrativos frente a los funcionarios con especialidad en las áreas donde realmente se necesitan.
