El pasado 18 de julio, la audiencia preliminar por el caso de los sobornos que Odebrecht pagó en Panamá fue pospuesta hasta el 12 de septiembre. ¿La razón? La inasistencia de varios abogados defensores con excusas varias, algunas médicas. La suspensión dilató, una vez más, un proceso judicial, una práctica frecuente en casos de alto perfil.
El diputado independiente Gabriel Silva presentó ante la Asamblea Nacional el pasado 10 de agosto un anteproyecto de ley que prohíbe “el abuso judicial”. En la exposición de motivos, Silva define abuso del derecho como “la utilización de recursos y/o mecanismos legales en procesos judiciales con la intención de retrasar o entorpecer el proceso judicial para beneficio de un cliente”.
Argumenta que las actuales leyes procesales “no contemplan los mecanismos idóneos para asegurar que el fondo del proceso no ceda ante la forma”. Considera “fundamental” contar con una ley de este tipo.
En anteproyecto de ley, que deberá ser debatido en primer debate en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, establece, por ejemplo, la prohibición de la presentación de incapacidades médicas falsas. También prevé mecanismos para prohibir la sustitución de un poder judicial con la finalidad de aplazar una diligencia. El anteproyecto cuenta con un artículo que se refiere directamente a los médicos que expidan certificados de incapacidad falsos o inexactos y plantea quitarles la idoneidad.
El otro componente de la propuesta es el empoderamiento de los jueces en los procesos para multar a los apoderados legales que incurran en abuso de derecho. Podrán también desconocer los recursos jurídicos que se hagan abusando de las formas jurídicas. La iniciativa plantea que los jueces deben fundamentar sus decisiones en cuestiones de fondo.
Se busca evitar que prescriban los procesos por ausencia del investigado. Se modificaría el artículo 285 del Código Procesal Penal para desarrollar el concepto de “ausencia del investigado” y permitir que este sea imputado cuando se le cita y no comparece.
Para el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Harry Díaz, el Sistema Penal Acusatorio debe permitir imputar y hacer la audiencia a pesar de la ausencia del investigado o si su abogado no da una excusa válida. Aboga, además, por la no prescripción de los delitos graves o de corrupción.
Por otro lado, el presidente del Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, Antonio Loaiza, ve con “preocupación” que se busque “criminalizar el ejercicio de la abogacía”. A su juicio, la vía debe ser la prevención. Resaltó que el Código de Ética de abogados contempla faltas por obstaculizar o demorar la justicia.
