En el pleno de la Asamblea Nacional, los diputados independientes cuestionaron el rechazo de la Comisión de Economía y Finanzas, que ayer, miércoles 25 de septiembre, votó en contra del proyecto de ley que buscaba impedir la contratación de empresas con antecedentes de corrupción por parte del Estado panameño, mediante la modificación de la Ley 22 de 2006, que regula las contrataciones públicas.
La propuesta, presentada por el diputado independiente de Vamos, Augusto Palacio, tenía como objetivo evitar que las personas naturales y jurídicas que hayan sido condenadas, pactado acuerdos de pena o de colaboración judicial por actos de corrupción, pudieran contratar con el Estado, ya sea directamente o a través de terceros.
Según Palacio, proponente del proyecto, “son 10 empresas que actualmente contratan con el Estado panameño y que han sido condenadas por corrupción, y todas son megaempresas, mega industrias”. Agregó que “este proyecto de ley no afectaba a las micro y pequeñas empresas; por el contrario, buscaba dar un nivel de igualdad o de equidad a nuestras empresas que están funcionando”.
No obstante, el proyecto fue rechazado en la Comisión de Economía por los diputados Benicio Robinson Jr. y Arquesio Arias, del Partido Revolucionario Democrático (PRD); Ronald de Gracia y Víctor Castillo, del partido Realizando Metas (RM); y Manuel Cohen, de Cambio Democrático (CD).
La jefa de bancada de la coalición Vamos, Janine Prado, junto con otros 15 diputados, cuestionó hoy jueves 26 de septiembre, en el pleno legislativo, la decisión de la Comisión de Economía y Finanzas de rechazar el proyecto de ley que buscaba establecer criterios más estrictos para vetar a compañías involucradas en actos ilícitos, evitando su participación en licitaciones y procesos de contratación pública.
Prado lamentó la actitud de sus colegas: “ayer perdió Panamá... los ciudadanos claman por la lucha contra la corrupción, sin embargo, lo que sucedió en la Comisión de Economía fue lo contrario: los diputados votaron en contra de inhabilitar a las empresas que han estado involucradas en actos de corrupción”.
La jefa de bancada de Vamos indicó que el mecanismo era remitir el proyecto a una subcomisión, pero esta solicitud también fue rechazada. “Seamos fiscalizadores de cómo votan los diputados, no solo en el pleno, sino también en las comisiones”, advirtió.
Por su parte, el diputado independiente de Vamos, Roberto Zúñiga, indicó: “Una vez más le damos la espalda al clamor ciudadano en contra de la corrupción. No podemos ser tibios en esta lucha; debemos trabajar a favor de un país decente... seguiremos luchando contra la corrupción que tanto daño nos hace”, señaló.
Mientras tanto, la diputada independiente Alexandra Brenes manifestó que en la Asamblea se han presentado diez anteproyectos que declaran días conmemorativos, como el Día de la Almojábana, los cuales se convierten en ley de la República. Sin embargo, esas no son las leyes que el país necesita. Proyectos que buscan luchar contra la corrupción no son aprobados. “Ayer mataron el trabajo de una buena ley y de un equipo”, dijo al referirse al proyecto que buscaba impedir la contratación de empresas con antecedentes de corrupción.
A su vez, la diputada suplente Tatiana Morales afirmó que precisamente este proyecto iba a ayudar a combatir la corrupción, por ejemplo, en los sistemas de salud y educación, que han sufrido daños por empresas corruptas.
En defensa de la decisión de la Comisión de Economía y Finanzas, el diputado Arias señaló que el proyecto no era viable por ser inexequible e inconveniente, según lo manifestado por la Procuraduría de la Nación. Agregó: “Un artículo del proyecto permitía que la pena accesoria fuera mayor que la pena principal; eso también lo tomamos en cuenta al momento de la votación”. Indicó que todos están en contra de la corrupción, pero que “no siempre vamos a estar a favor de un proyecto”. Arias mencionó que el proyecto se cambió totalmente y dejó abierta la posibilidad de que sea presentado en otro momento.
Prohibiciones que dictaba el proyecto
El documento del proyecto de ley incorporaba la siguiente disposición en la lista de prohibiciones para que las empresas pudieran contratar con el gobierno:
“Las personas naturales o jurídicas que, a través de sus representantes, constituyentes o accionistas, actúen como continuación, derivación, sucesión o testaferro de otra persona impedida o inhabilitada, o que de alguna manera se encuentren bajo su control efectivo, estarán sujetas a las mismas restricciones que dicha persona impedida o inhabilitada.
Esta disposición será aplicable independientemente de la forma jurídica utilizada para eludir la restricción, incluyendo, pero no limitándose a, fusión, escisión, reorganización, transformación u otros mecanismos similares”.
Además, se añadía el término “beneficiario final” al artículo 2 de la ley. Este se define como: “las personas naturales que, de manera directa o indirecta, poseen, controlan o ejercen influencia significativa. Esto también abarca a quienes ejercen control efectivo final sobre una persona jurídica”.
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