La Asamblea Nacional anunció sus primeras acciones en respuesta a la crisis social y económica que vive el país. Sin embargo, este plan está en el centro de las críticas porque se desconoce su alcance y porque no toca los privilegios de un grupo de diputados del oficialista Partido Revolucionario Democrático, que concentran el poder.
El órgano que preside el perredista Crispiano Adames anunció la suspensión de viajes y viáticos, giras de las comisiones de trabajo, compra de equipos de oficina y seminarios y capacitaciones. También incluyó la suspensión del pago de horas extraordinarias, de aumentos salariales, y nombramientos permanentes; así como de contratos de publicidad. Prometieron reducir el 50% del consumo decombustible, entre otras. Todo esto, con la intención de “optimizar el uso racional de los recursos”.
Sin embargo, el Legislativo, que maneja un presupuesto de al menos $135 millones, sigue en deuda con temas que reclama la ciudadanía: reformas a su reglamento interno para transparentar su gestión, la aprobación de leyes anticorrupción, desmontar las distintas planillas que de acuerdo al excontralor Federico Humbert, tienen “botellas”, así como los contratos secretos, y las partidas circuitales para los diputados.
Hasta abril pasado la entidad tenía 3 mil 249 funcionarios, lo que representaba el 53% del crecimiento de los nuevos funcionarios nombrados en 2022. Este órgano también aprobó la ley 789 que otorga millonarios “incentivos” a un grupo de empresarios del sector turístico, allegados al poder.
Para Olga de Obaldía, directora de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, lo anunciado “no toca el centro del problema administrativo y de gestión presupuestaria” que padece la Asamblea.
El Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa 2020 calificó a esta entidad apenas con 11.7% (de 100%) en lo referente a gestión administrativa y presupuestaria. El índice toma en cuenta la publicación de su estructura administrativa, estados financieros, auditorías y el presupuesto en general, entre otros.
“Una institución que está en estado de opacidad como ellos, este tipo de anuncios en realidad no va al centro del problema”, aseguró De Obaldía. A su juicio, la Asamblea se ha “declarado soberana” y no rinde cuentas sobre su ejecución presupuestaria, a pesar de que está contemplado en la ley. “Se sabe el monto [del presupuesto] pero no se publica el desglose ni la ejecución del mismo”, recalcó. “Con este anuncio no estás diciendo nada”, concluye.
“¿Tiene la culpa la Asamblea Nacional?”, preguntó el presidente del Legislativo a los medios de comunicación el pasado martes cuando se le cuestionó sobre las manifestaciones y el momento de crisis actual. Admitió que su órgano tiene culpa “en la rendición de cuentas de otras situaciones” pero considera que hay “otros sectores que han pasado agachados”.
