Por enésima vez, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional recibió al director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Rutilio Villarreal, en una sesión marcada por la reiteración de reclamos de los diputados y la creciente tensión ante la deficiencia del servicio de agua potable en el país.
Los reclamos se sucedieron con un tono urgente. Los cortes constantes y la insuficiente cobertura no eran simples estadísticas: eran la vida diaria de cientos de miles de panameños, familias que se levantan con baldes vacíos y esperan agua para bañarse y cocinar. La sensación de abandono institucional flotaba en cada intervención de los diputados.
Villarreal abrió la sesión con cifras y traslados de partidas: $3.6 millones, de los cuales $3.2 millones se destinarán a pagos a Cable & Wireless y al contrato del Centro de Monitoreo, y $375,875 a la compra de equipos de bombeo para la potabilizadora de Chilibre.
Los reclamos
Pero los reclamos no se detuvieron. El diputado perredista Raphael Buchanan, con el ceño fruncido, exigió fechas precisas para la resolución de los problemas en Panamá Este. “Quiero una fecha exacta de cuándo se va a solucionar este tema”, insistió, con la impaciencia de quien ha escuchado promesas demasiadas veces incumplidas.
Villarreal explicó que primero debía estabilizar el sistema en la ciudad capital antes de extender las soluciones a Panamá Este.

“Todos los fines de semana tenemos que cerrar sectores, pero es que tenemos que arreglar”, dijo, señalando que la población debía asumir una “cuota de sacrificio” mientras se realizaban los ajustes.
Sus palabras eran medidas, pero cargadas de la tensión que provoca saber que miles de personas dependían de su gestión.
El director habló de plantas saturadas, tuberías que no daban abasto y acueductos que exigían un manejo técnico más allá de la política. La sala escuchaba, pero el descontento se percibía en cada silencio y cada mirada, como buscando la esperanza de que las soluciones llegaran antes de que la paciencia de la gente se agotara.
La problemática en Panamá Este es considerable: la región alberga a medio millón de personas, y la planta de esa zona no da abasto para satisfacer la creciente demanda de agua potable, un desafío que Villarreal admitió que no puede resolverse de la noche a la mañana.
La desesperación
Eduardo Vásquez, presidente de la Comisión y diputado por Capira, tomó la palabra. “Esto refleja el sentir del pueblo”, dijo. Reconoció que los gobiernos habían abandonado históricamente la infraestructura hídrica, pero también elogió la valentía de Villarreal por intentar enfrentar la problemática.

Finalizando, se dirigió al director del Idaan la diputada Janine Prado, de la bancada Vamos, quien levantó la voz. Su voto favorable a los traslados de partidas no significaba aprobación ciega.
Insistió en que los proyectos de acueducto y alcantarillado no podían paralizarse ni retrasarse. Criticó la reasignación de recursos para cubrir cuentas pendientes de la administración anterior, señalando que esta decisión ponía en riesgo proyectos vitales y dejaba a la población esperando agua que seguía sin llegar.
Prado dejó claro que no apoyaría futuros traslados de partidas mientras los retrasos continuaran. Recordó que el acceso al agua potable es un derecho constitucional y una necesidad básica que define la calidad de vida de los panameños.

Villarreal respondió con calma. Aseguró que los traslados presupuestarios buscan nivelar la dotación de agua en todo el país, sin favoritismos ni criterios electorales. Los acueductos, dijo, debían gestionarse según la ingeniería y la hidráulica, y no por conveniencias políticas. “Todo un país demanda agua, y el compromiso es de llevarle agua a toda nuestra gente”, afirmó, mientras algunos diputados asentían y otros tomaban nota.
Al cierre de la sesión, el ambiente era de tensión contenida. Nadie prometió milagros, pero todos coincidieron en la urgencia del problema.

