El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, aseguró que han identificado a alcaldes y representantes de corregimiento que, según dijo, han utilizado vehículos del Estado para transportar a personas que participan en cierres de vías como medida de protesta contra la Ley 462, que reformó el sistema de seguridad social del país.
Mientras ofrecía un balance de la Operación Omega —lanzada para reabrir las carreteras en Bocas del Toro— en el canal Eco TV, Fernández afirmó que alcaldes, exalcaldes, representantes y exrepresentantes han estado azuzando a la población para que se sume a las protestas y bloqueos.
Sin embargo, no proporcionó nombres.
“Estamos en campo documentando en video cómo esos carros de las juntas comunales, de las alcaldías, e incluso vehículos particulares, han comenzado a mover logística: comida, gasolina para bombas molotov, fuegos artificiales para atacar a las unidades, y piedras de río”, narró.
Advirtió que poseen una “cantidad importante de videos” que registran estas acciones durante los últimos 55 días. “No solamente en Bocas del Toro, sino a nivel nacional”, agregó.
Ya a mediados de mayo se había denunciado públicamente que un vehículo oficial habría sido utilizado para movilizar a manifestantes que intentaron cerrar la vía Interamericana, cerca de la comunidad de Ojo de Agua, en la provincia de Chiriquí.
[Lea aquí: Denuncian el uso de carro oficial para el bloqueo de la vía Interamericana]
Según reportes oficiales, los manifestantes viajaban en un pickup asignado a la Junta Comunal de Alto de Jesús, en el distrito de Ñürün, comarca Ngäbe Buglé. Ese gobierno local está a cargo del representante Basilio Barranco Carpintero, del Partido Revolucionario Democrático (PRD). Al llegar, los ocupantes del vehículo lanzaron piedras y bombas molotov, según la denuncia.
104 denuncias en el Ministerio Público
Fernández informó que el Ministerio Público ha recibido 104 denuncias relacionadas con las protestas y bloqueos de carreteras. Algunas fueron presentadas por la Policía Nacional, y otras por ciudadanos. “Ya han surtido efecto”, aseguró, y mencionó como ejemplo el caso de Francisco Smith, secretario general del sindicato Sitraibana, que convocó a una huelga indefinida en las fincas bananeras de Changuinola, lo que llevó al cierre de operaciones de la empresa Chiquita Panamá en el país.
La huelga fue acompañada por numerosos cierres de vías en la zona. Sitraibana alegaba que la Ley 462 trastocaba la Ley 45, que regula las prestaciones sociales del sector bananero. Aunque se logró un acuerdo con la Asamblea Nacional para modificar algunos artículos, varias vías en Changuinola continúan cerradas.
Actualmente, los cierres en la zona son impulsados por educadores y otros sectores sociales.
Francisco Smith permanece detenido provisionalmente mientras es investigado por la presunta comisión de cuatro delitos, entre ellos, apología del delito.
