La crisis socioeconómica que abruma a Bocas del Toro desde el pasado 28 de abril, a raíz de la huelga indefinida del sector bananero y los bloqueos en las principales arterias de la provincia, suma un nuevo capítulo.
Francisco Smith, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Bananera (Sitraibana) y rostro visible de la pugna con el gobierno de José Raúl Mulino por la reforma a la Ley 462, deberá ahora responder ante el Ministerio Público por la presunta comisión de delitos contra la seguridad colectiva, delitos comunes, contra los medios de transporte, apología del delito y delitos contra la personalidad interna del Estado.
Se le atribuye responsabilidad por los cierres de calles que han mantenido sitiadas a comunidades de los distritos de Changuinola, Chiriquí Grande y Bocas del Toro.
La información se conoció este miércoles 4 de junio, dos días después de que Diógenes Espinoza, dirigente del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), amenazara con tomar las oficinas públicas de la provincia, una acción que fue rechazada por el Ejecutivo.
Los argumentos
Senén Briceño, periodista bocatoreño que la semana pasada denunció pagos en efectivo para sostener los bloqueos y alimentar una movilización que ha puesto en jaque la vida en la provincia, formalizó una denuncia contra Smith y otros supuestos responsables de “desobediencia civil”.
Briceño se presentó este miércoles ante la Personería Municipal de Bocas del Toro y argumentó que los bloqueos masivos impiden el libre tránsito de ambulancias y de ciudadanos que necesitan desplazarse para recibir atención médica, entre otros casos. Además, señaló que las obstrucciones viales, que se prolongan desde hace más de 30 días, han provocado enfrentamientos entre ciudadanos y “grupos anárquicos” que amenazan a quienes reclaman su derecho a circular libremente.
Sostuvo que el cierre de las carreteras ha facilitado la comisión de asaltos, robos e incluso el hallazgo de un cadáver en el sector de Paraíso, Almirante, hecho que se encuentra bajo investigación en el Ministerio Público.
Añadió que la imposibilidad de transitar libremente ha llevado a que las empresas de transporte público suspendan sus servicios, lo que impide a la población acudir a sus centros de trabajo, hospitales, escuelas, oficinas públicas y al comercio en general.
Finalmente, Briceño notificó que “Smith y sus cómplices, a través de medios de comunicación y redes sociales, se han dedicado a instigar y lanzar amenazas contra ciudadanos, el gobierno, la empresa bananera y periodistas, incitando y provocando la violencia”.
