El magistrado Harry Díaz, ponente de una demanda contra el decreto expedido por la Contraloría General de la República hace cuatro meses para regular los donativos y subsidios que otorgan los diputados con presupuesto de la Asamblea Nacional, advirtió que estos dineros son entregados sin que existan “ninguna disposición constitucional, legal ni reglamentaria” que avale dicha práctica.
En una nota dirigida a José Ayú Prado, presidente de la Corte Suprema de Justicia, Díaz recomienda a sus colegas la lectura de dos noticias publicadas este lunes 6 de marzo en La Prensa, tituladas Dudosa filantropía desde la Asamblea y Dudosas donaciones de la Asamblea. En la investigación periodística se describe cómo la Asamblea tramitó por los menos $14 millones en supuestas donaciones, subsidios y apoyos económicos en los últimos 31 meses, dineros que con regularidad no llegaron al beneficiario original.
“Los diputados de la Asamblea promocionan estas ayudas, pero los dineros son redireccionados y no llegan a los beneficiados”, señala Díaz en su nota.
Agrega que aunque no existe norma alguna que ampare los subsidios o donaciones de la Asamblea, “de hecho emiten dinero para estos propósitos con el resultado denunciado por la investigación realizada por el diario La Prensa en sus artículos de la edición de hoy [6 de marzo de 2017]”.
En su carta a Ayú Prado, Díaz adjunta un cuadro facilitado por el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, en la que constan los montos asignados a la Asamblea para donativos y subsidios “benéficos”, “cultural y científico”, “deportivo” y “educacional”: $375 mil 696 en el año 2014; $3.9 millones en el 2015; $8.4 millones en el 2016, y $994 mil 500 asignados por ley para el 2017.
Díaz es el ponente de la demanda de inconstitucionalidad que presentó el abogado Ernesto Cedeño contra el Decreto 441 del 25 de octubre de 2016 de la Contraloría General de la República.
Lea la carta de Harry Díaz a José Ayú Prado aquí.