Las diputadas Alexandra Brenes y Walkiria Chandler, de la bancada Vamos, pidieron este jueves a la Asamblea Nacional que frene el proyecto de ley 699, que reforma el Código Electoral.
En un informe de minoría advierten que el texto “no debe ser aprobado en segundo debate, por ser inconstitucional”.
Ambas votaron en contra de la propuesta en primer debate. Y ahora en el informe parten de una cita del Tribunal Electoral (TE), institución que el pasado 1 de octubre, emitió un comunicado en el que reconoció “significativos avances” en el proyecto original, pero catalogó de “retrocesos para el sistema electoral panameño”, los cambios introducidos en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, durante el primer debate.
El texto presentado ante la Secretaría General de la Asamblea advierte que el proyecto eleva a 3% de los votos válidos de la última elección general el número de adherentes para inscribir un partido y de firmas para las candidaturas por libre postulación.
Contrastan esa cifra con los datos aportados por la Junta Nacional de Escrutinio: 1,964,746 votos válidos en 2019 y 2,275,746 en 2024. El aumento fue de 15.8%.
“Este aumento (número de firmas) resulta desproporcionado frente al crecimiento real del electorado”.
Las diputadas también cuestionan el incremento de los topes de financiamiento privado. El texto fija un rango de $300,000 a $500,000 para candidatos a diputados. Los aspirantes a alcalde podrían recibir hasta $500,000 en distritos de hasta 200,000 electores.
Lo califican de “absolutamente exorbitante”. Advierten que los gobernantes electos “pueden verse condicionados a legislar o favorecer los intereses de los grandes financistas de la próxima contienda electoral”.
El artículo 104 del proyecto prohíbe que un partido con dos o más curules por cociente participe en la asignación por medio cociente y por resto mayor. El informe lo llama “un grave atentado contra la manifestación de la voluntad popular”. “No puede pretender esta Asamblea Nacional, so pretexto de asegurar una supuesta representación de las minorías, que se puede desestimar la decisión del electorado depositada en las urnas”, sustentan.
El artículo 70 del proyecto aprobado en primer debate permite que quien gane dos puestos de elección popular conserve la titularidad de ambos. Esta persona podría pedir licencia sin sueldo en el que no ejerza. Las diputadas señalan que eso contradice el artículo 302 de la Constitución, que obliga a los servidores públicos a “desempeñar personalmente sus funciones”.
Citan una sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 4 de octubre de 2021 sobre la doble postulación.
El informe acusa a la comisión de recortar herramientas del Tribunal Electoral y de la Fiscalía General Electoral, pues mantuvo en tres años la prescripción de la acción penal electoral, cuando el Tribunal Electoral sugirió cuatro.
Las multas por no presentar el informe de gastos de campaña también disminuyen. Las de los tesoreros de candidatos presidenciales, pasan de $4,000 a $2,000. Para representantes de corregimiento y concejales, de $2,000 a $500.
Las diputadas también piden reducir a la mitad el aporte estatal para las elecciones de 2029. Hoy equivale a 1% de los ingresos corrientes del Gobierno Central. Lo estiman en unos $158 millones.
Citan “la difícil realidad económica que viven nuestros habitantes”.
La contrapropuesta
Brenes y Chandler, en su informe de minoría, también adjuntaron un texto único alternativo.
En esta propuesta se fija el subsidio en 0.5%. Exige a los candidatos independientes rendir ingresos y gastos “en línea y en tiempo real”, hasta tres días después de cada gasto. Limita a $1,000 las donaciones en efectivo de una sola fuente. Sube a cinco años la prescripción de los delitos electorales. Mantiene en 2% el requisito de firmas.
El informe resuelve negar que el proyecto pase a segundo debate “tal cual fue aprobado en primer debate” .
