La Resolución 230 de 2026 que crea el Fondo Especial de Seguridad y Protección de Áreas Específica del Canal de Panamá detalla, en su artículo octavo, todo lo que se puede comprar con esa partida. En la misma lista, coexisten los escáneres de rayos X, los radios criptográficos, las patrulleras marítimas, las grúas, los paneles solares y los drones subacuáticos con los útiles de cocina, los comedores y el alimento para los canes.
El mismo documento encarna una gran contradicción. Declara reservado y confidencial “toda la información, documentación, planes operativos y registros contables vinculados a la ejecución financiera” de ese fondo.
En otras palabras, el ciudadano sabrá que el Estado comprará drones y alimento para perros con este dinero, pero no podrá saber cuánto costó, a quién se le pagó y cómo se ejecutaron esos recursos.
Ese contraste es la primera gran grieta que deja ver el fondo, y así lo han planteado una y otra vez en distintos círculos de la sociedad.
Voces críticas
En la Asamblea Nacional, por ejemplo, el tema ha sido objeto de múltiples discursos. Betserai Richard, Grace Hernández y Ernesto Cedeño, de la bancada Seguimos, al igual que Jhonathan Vega y Luis Duke, de Vamos, son algunos de los que lo han cuestionado públicamente.
Duke afirma, por ejemplo, que la seguridad nacional puede justificar la confidencialidad de determinados asuntos, pero advirtió que la reserva no debería extenderse a la información sobre el manejo del dinero.
“Cuánto se gasta, cómo se gasta, a quién se le está pagando. Esa es información que yo creo que todo el mundo puede saber y tiene que saber”, argumentó.
La Resolución No. 230, firmada por el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, el 31 de agosto y publicada el 14 de septiembre en la Gaceta Oficial 30611-A, crea el fondo bajo el paraguas del Ministerio de Seguridad Pública (Minseg), pero asigna su administración al Servicio Nacional Aeronaval (Senan).
Así nació
En la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, Ábrego relató cómo nació este mecanismo financiero.
Recordó que después de la firma de los tratados Torrijos-Carter en 1977, las Fuerzas de Defensa asumieron eventualmente la seguridad de los sitios y bases militares del área, en algunos casos junto con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Después de la invasión de 1989, fue Estados Unidos quien retomó la seguridad del Canal y sus instalaciones.
Más adelante se creó la llamada zona de policía del Canal y, por eso, dijo Ábrego, “no es primera vez que el Canal de Panamá otorga fondos” a una fuerza de seguridad que no es parte de su organigrama interno.
Contó que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) cada año le daba entre $2 millones y $3 millones a la Policía Nacional para equipar a los agentes que operaban en esa zona.
Ese esquema dejó de funcionar, según el propio ministro, después de que un acuerdo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) llevara los excedentes del Canal a una sola cuenta estatal. Con ello se cerró aquel canal directo entre la ACP y la Policía.
El nuevo fondo revive, así, un mecanismo que había dejado de operar después de que el Estado concentrara los aportes del Canal en una sola cuenta.
Desde 2023
Pero esta nueva historia, según Ábrego, comenzó en 2023 -en el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024)-, cuando las autoridades de la ACP y del Ministerio de Seguridad se sentaron a conversar sobre mecanismos para reforzar la seguridad de la vía interoceánica, motivados, según él, por los acontecimientos mundiales: las guerras en Medio Oriente, la invasión de Rusia a Ucrania y las progresivas tensiones geopolíticas que, según el ministro, podían representar nuevos riesgos para la seguridad del Canal.
Por aquel entonces, se calculó que el fondo necesitaba $200 millones. Ábrego consideró que esa cantidad era “exagerada”.
Cuando José Raúl Mulino asumió la presidencia de la República, en julio de 2024, pidió que las conversaciones con los administradores del Canal siguieran.
A partir de enero de 2025, surgió un tema que nadie vio venir: el interés del presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, por el Canal de Panamá.
Trump insistía en retomar el control de la vía acuática que su país devolvió a Panamá en 1999, con el argumento de que China controlaba su operación, algo que las autoridades panameñas y la propia ACP han negado sostenidamente. “El Canal es y seguirá siendo de Panamá”, decía por aquellos días el presidente Mulino en distintos foros.
En abril de 2025, en su primera visita a Panamá, el secretario de Guerra de EU, Pete Hegseth, firmó una declaración conjunta con la ACP. Hegseth dijo que el acuerdo garantizaba que los buques militares y auxiliares de su país tendrían “acceso libre y primero” para transitar por la vía.
El ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, aclaró que no se trataba exactamente de un paso “sin costo”, sino de un sistema de compensación por servicios, inspirado en acuerdos similares con el Minseg.
Ábrego no mencionó ese trato durante su conversación con los diputados.
Lo cierto es que, después de negociaciones, reuniones y tensiones geopolíticas, la ACP y el Minseg acordaron financiar un programa de seguridad para el Canal por un monto anual de $12,992,000, durante tres años, según explicó el ministro.
La pregunta sin respuesta
Fue entonces cuando apareció una pregunta que sembró dudas y generó ruido.
El diputado Vega cuestionó qué ley autoriza a un ministerio a tomar fondos operativos de una entidad autónoma, con patrimonio propio y rango constitucional, y ponerlos bajo la administración de un cuerpo de seguridad.
Ábrego pidió al viceministro Luis Felipe Icaza que explicara este aspecto, pero la respuesta se concentró en cómo se manejaría el dinero una vez transferido.
Los recursos, explicó el funcionario, entrarían a una cuenta única del Tesoro (CUT), bajo supervisión de la Contraloría General de la República y el MEF, mientras que la ACP los auditará y fiscalizará.
Pero el mecanismo ya está en marcha. Según el viceministro Icaza, en este momento existen $5.2 millones depositados en la CUT. Ese dinero, dijo, no podía utilizarse todavía porque primero debía elaborarse un manual para su uso y obtener el refrendo de la Contraloría.
Si se lee la Resolución 230 con atención, se observa una lista de seis leyes en las que el Minseg sustenta su decisión. Una de ellas es la que le entrega al Canal, desde 1997, la responsabilidad de proteger sus estructuras. Otra es la que creó el Minseg, en 2010, mentras que otras dos más regulan las compras del Estado.
También se invoca la Ley 6 de 2002 o Ley de Transparencia, la misma que le otorga el derecho a cualquier ciudadano a pedir información de carácter público. Solo que en esta oportunidad se usa para justificar por qué hay que mantener el fondo en reserva.
No obstante, ninguna de esas leyes dice, en ningún renglón, que el Canal puede transferir fondos a un ministerio.
Los fondos saldrán de los gastos operativos
Duke preguntó de dónde saldrán los $12.9 millones anuales. Ábrego explicó que no será de los excedentes que la ACP entrega al Estado cada año, sino de los gastos operativos de la vía.
En ese momento intervino Justo Botacio, director de Presupuesto del MEF, quien explicó que el dinero seguirá entrando financieramente a la cuenta única del Tesoro, pero no formará parte inicialmente del presupuesto del Minseg. Para poder utilizarlo, el ministerio deberá solicitar un crédito adicional que tendrá que autorizar la Comisión de Presupuesto de la Asamblea.
En otras palabras, los recursos salen de la operación del Canal, entran financieramente al Estado y luego deben incorporarse al presupuesto del Minseg para poder ser ejecutados.
El jefe de presupuesto del Minseg, por su lado, explicó que esa fórmula fue escogida porque la ACP quería conservar el rastro de sus recursos y garantizar que se utilizaran exclusivamente para los fines pactados. También contó que el acuerdo contempla que, si los fondos no se usan, serán devueltos a la ACP.
Agregó que el acuerdo establece que los fondos no ejecutados deben regresar a la ACP a más tardar 60 días después de que termine el acuerdo.
La razón, dijo, es precisamente evitar que el dinero se pierda dentro del presupuesto estatal. Si los recursos permanecen como una partida presupuestaria y no se ejecutan dentro del año fiscal, regresarían al Tesoro. Si permanecen como fondos financieros en la CUT, pueden conservarse hasta determinar qué parte debe ser devuelta a la ACP.
La versión del Canal
A unos 4 kilómetros de la Asamblea estaba la nueva administradora del Canal, Ilya Espino de Marotta. Se encontraba en el Hotel Riu, en un foro sobre competitividad.
En un receso, los periodistas le preguntaron por el sonado fondo de seguridad del Canal.
Marotta dio una explicación que podría abrir otro hueco en esta historia: que la reserva solicitada por el Canal se refiere a los planes de seguridad y que no se pidió confidencialidad sobre la parte operativa.
Pero la Resolución 230 declara reservados y confidenciales no solo los planes operativos, sino también “los registros contables vinculados a la ejecución financiera” del fondo.
También dijo que el tema no es nuevo, pues en los últimos 25 años la ACP ha acordado convenios con múltiples instituciones del Gobierno: la Autoridad Nacional de Tierras, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados Nacionales... La lista sigue.
“Esto es rutinario. Recordemos que el Canal de Panamá también adquirió un patrimonio adicional, o sea, tenemos más tierras que proteger”, añadió.
Y añadió: “siempre es importante que las entidades puedan darnos el apoyo que requerimos para que el Canal sea una vía confiable, eficiente, neutral y que sea efectiva. La seguridad le corresponde al Estado, no a nosotros, así que esa es la manera en que ellos nos están apoyando”.
‘Necesidades de seguridad’
Y este también es parte del discurso del Ejecutivo. En términos pragmáticos, dice que el fondo responde a necesidades concretas de seguridad.
Ábrego recordó a los diputados el contexto internacional, el aumento de las amenazas y la necesidad de reforzar la protección de la vía. Puso como ejemplo el uso de drones para ataques y dijo que el Canal ya cuenta con sistemas antidrones, pero necesita aumentar esa capacidad.
El jefe de presupuesto del Minseg agregó que el programa cubrirá siete áreas y que el Canal tiene bajo su responsabilidad unas 123 comunidades y 26 corregimientos.
Explicó que el ministerio aportará 176 funcionarios para esas zonas, mientras que las infraestructuras y equipos adquiridos con los recursos seguirán siendo propiedad del Canal y se utilizarán para su seguridad y vigilancia.
