Mientras el presidente del Tribunal Electoral (TE) Alfredo Juncá planteaba que “no hay legitimidad” para que en estos momentos se cambie la Ley electoral, el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, Leandro Ávila, aseguraba que es “imposible” que se retire la propuesta y que “la única forma” de que eso ocurra es que los magistrados reconozcan que “son ellos los que están violentado” la norma.
Ayer miércoles, en una conferencia de prensa y luego de haber conversado con los representantes de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, los magistrados del TE calificaron de “extemporáneas” las reformas al artículo 380 del Código Electoral. El magistrado Juncá, quien estuvo acompañado de sus colegas Eduardo Valdés Escoffery y Luis Guerra, además manifestó que “reformar el Código Electoral a tan solo siete meses de un evento electoral ocasiona distorsiones (…) Eso, sin contar la cantidad de reformas que pueden añadirse en segundo debate”.
A parte del proyecto 1092, en el Legislativo hay dos anteproyectos que también pretenden reforman el Código Electoral: uno propone extender el fuero penal electoral y el otro introduce la figura de la segunda vuelta o balotaje. Ambas iniciativas fueron presentadas en las últimas semanas.
Primer debate
Pero en la Asamblea ignoran la posición del TE. Precisamente, poco antes de que los magistrados se pronunciaran, la Comisión de Gobierno aprobó en primer debate la cuestionada propuesta. Originalmente, el proyecto 1092 contemplaba que los partidos podrían postular hasta “dos candidatos por residuo por alianza”. Ese artículo fue eliminado del proyecto original. En su lugar, se estableció una adición al artículo 380 del Código Electoral (que ahora será el 380-A). El mismo propone que el “Tribunal Electoral rechazará de plano las postulaciones en alianza con la letra R”, cuando el partido político al que pertenece el candidato postulado con la R ya tenga un candidato en común con otro partido.
El TE también podrá rechazar la postulación en caso de que la lista en la que figura el candidato de la R, tenga otro candidato nominado en común con otro partido, que también aspire al residuo.
Pasar esta propuesta en el pleno no será difícil para el PRD, partido que domina el Legislativo y cuenta con el apoyo de diputados de otros colectivos, como los disidentes de Cambio Democrático y de su aliado el Molirena, por lo que, la próxima semana el proyecto podría ser aprobado en segundo y tercer debate.
Votaron a favor de los cambios al proyecto 1092 los perredistas Leandro Ávila (presidente de la comisión), Ricardo Torres (proponente del proyecto), Raúl Pineda y Eugenio Bernal. También lo avalaron Mayín Correa y Alaín Cedeño, de Cambio Democrático (CD). A esa lista se sumó Corina Cano, del Molirena. El único voto en contra fue el del panameñista Luis Ernesto Carles.
En tanto, el magistrado Juncá, quien reconoce que la Asamblea tiene todo el derecho de legislar, solicitó públicamente que se suspenda la discusión del proyecto 1092. Pero eso no sucederá. Al menos así lo planteó el diputado Ávila.
“Es como si nosotros le pidiéramos a ellos que deroguen el decreto [Decreto 29 de diciembre de 2022, que contiene la interpretación del artículo 380], esas son las facultades de ellos, ellos lo hicieron, ellos no lo quieren derogar, la facultad de la Asamblea es hacer leyes”, dijo.
Añadió que “la única forma para que eso se dé (suspender el debate del proyecto) es que los magistrados reconozcan que son ellos los que están violentado el artículo 380 del Código Electoral. Lo que trajo esta situación es que en diciembre de 2022, se hicieron unas modificaciones que en vez de hablar de una R habla de las equis cantidad de (R) que quieran tener y esto sí pone en riesgo la participación democrática de la Asamblea”.
El diputado explicó que en una sola alianza pudieran salir ocho residuos y acto seguido señaló que “este debate no es de Leandro Ávila, sino de la dirección del partido que se dio cuenta de este decreto”.
El Decreto de la discordia
Bajo estas premisas, tanto los magistrados del TE, como la bancada oficialista del Partido Revolucionario Democrático (PRD), dejaron clara su postura sobre el proyecto de ley 1092. Ninguna de las dos partes quiere ceder.
El Código Electoral establece en su artículo 380 que los partidos en alianza podrán postular hasta un candidato en común.
Sin embargo, en el Decreto No. 64 del 2 de diciembre de 2022, (artículo 11) que reglamenta el artículo 128 del Decreto 29 de 2022, sobre las elecciones de 2024, se plantea que dentro de las reglas aplicables a la postulación de candidatos comunes a diputado entre partidos políticos en circuitos plurinominales, “en el o los partidos aliados (donde no están inscritos los integrantes de la nómina), la nómina compite únicamente para el residuo, por lo que estará identificada en la boleta de votación con la letra “R” en el último o los últimos puestos en la lista de candidatos”.
La discusión
En momentos en que la Comisión de Gobierno discutía la propuesta, los ánimos se alteraron. Una iniciativa que caldeó los ánimos fue la que condicionaba a los candidatos a estar inscritos en el partido que lo postularía para poder optar por el residuo.
El panameñista Luis Ernesto Carles planteó que esto lo que buscaba era cercenar el derecho de un ciudadano de ser postulado por un partido político, a pesar de que no estuviese inscrito. “Usted es un perfecto demagogo”, le ripostó Leandro Ávila, quien señaló que lo que no decía Carles es que estaba defendiendo lo planteado por los magistrados, porque eso beneficiaba a la alianza pactada por su partido político con Cambio Democrático.
El diputado perredista Raúl Pineda, fue más allá. Incluso llamó a Carles “mentiroso” y “bochinchoso”. Pineda se juramentó ayer miércoles como miembro de la Comisión de Gobierno.
Ahora, la última palabra sobre el proyecto 1092 estará en manos de los 71 diputados de la Asamblea Nacional.
