En un descubrimiento sorprendente, el representante de Chilibre, Josimar Camaño, se topó con una situación inquietante: de una planilla de 500 trabajadores, solo 30 se encontraban físicamente en sus puestos de trabajo.
Tal revelación plantea una pregunta urgente: ¿Dónde están los demás empleados? Como él mismo plantea, las implicaciones de este hallazgo podrían ser profundas, afectando la transparencia y eficiencia de la administración local.
Así lo describió: “Con respecto a la planilla que estaba asignada para la junta comunal, superaba las 450 personas; casi 500 personas estaban nombradas. Y cerca de 170 personas eran permanentes”.
Para sorpresa de Camaño, el pasado 2 de julio, cuando ingresaron a la junta comunal, esperaba la presencia de los 170 trabajadores permanentes, pero solamente han llegado, en estos últimos días, entre 25 y 30 personas de las que están en la planilla permanente.
“Aparte de eso, ella [Yoira Perea, la representante saliente] manejaba otros nombramientos del gobierno central, con lo cual la representante anterior pudo haber tenido más de 800 colaboradores o, cuidado, más de 1,000 nombramientos a nivel general, es decir, tanto del municipio, la planilla interna de la junta comunal y la planilla del gobierno central”, acotó.
Sobre si eran botellas, es decir, aquellos funcionarios que cobraban pero no asistían a trabajar, el nuevo edil de Chilibre dijo que, si bien no puede decir “que todos”, la mayoría sí lo era, puesto que no le dejaron ningún control de la asistencia de estas personas.
“Yo solicité la planilla directamente en el Municipio de Panamá y ellos me proporcionaron el listado”, informó Camaño.
Sistema contable y auditorías
El representante de Chilibre, al igual que otros ediles del distrito de Panamá, denunció que los sistemas contables no cuentan con información.
“Todas las pantallas están en blanco y no tenemos acceso a ninguna información”, dijo.
A raíz de eso, comunicó que llevarán a cabo una auditoría forense y, dependiendo de lo que arroje, presentarán una denuncia formal.
Como se recordará, la representante saliente de Chilibre fue condenada por delitos contra la administración pública en la modalidad de peculado, luego de que se comprobara su participación en “la malversación y apropiación” -según la acusación del Ministerio Público- de $1.5 millones del Fondo de Equidad y Calidad de Educación (FECE), un programa del Ministerio de Educación.
En su momento, fue presidenta del Consejo Municipal de Panamá y una de las ediles más allegadas al polémico exalcalde, José Luis Fábrega.
