En medio de la discusión sobre las reformas al sistema de jubilaciones de la Caja de Seguro Social (CSS), las pensiones de la Fuerza Pública del país están bajo la lupa debido a los privilegios que encarnan.
Según cifras del Ministerio de Seguridad Pública (Minseg), los oficiales retirados ya han consumido el 93.29% del presupuesto asignado para jubilaciones en 2024, que asciende a $111.3 millones. Hasta la fecha, el desembolso alcanza los $103.8 millones.
Una jubilación con historia y beneficios especiales
Irving Muñoz, del Colegio Nacional de Profesionales de los Servicios de la Policía (Conapol), y excomisionado de la Policía, recordó en el programa Debate Abierto de Telemetro que el régimen especial de jubilaciones de la Fuerza Pública tiene raíces históricas. Según explicó, desde la creación de la extinta Guardia Nacional en 1963, se estableció el concepto de “jubilación especial con el último salario”.
En 1983, con la Ley 20 que creó las Fuerzas de Defensa, este sistema se mantuvo, pero se introdujo una modificación: a partir de 1985, los policías necesitarían 30 años de servicio en lugar de 25 para jubilarse.
Esto significa que los uniformados pueden retirarse antes de alcanzar las edades establecidas para el resto de los trabajadores bajo el régimen de la CSS.
Un sistema bajo presión
Actualmente, las reformas al sistema de pensiones proponen aumentar la edad de jubilación en tres años: de 57 a 60 años para las mujeres y de 62 a 65 años para los hombres. Sin embargo, el régimen especial de la Fuerza Pública no está incluido en estas discusiones, a pesar de que sectores sociales lo consideran insostenible e inequitativo.
El presidente José Raúl Mulino aseguró en su conferencia semanal que este tema no será tratado en este momento. Indicó que podría abordarse en el futuro, una vez se resuelvan las reformas generales del Seguro Social, y calificó el debate como “satanizado”.
Según Mulino, los montos divulgados sobre el gasto en jubilaciones de los uniformados “están alejados de la verdad”.
Impacto financiero y desigualdad percibida
Para 2025, el costo proyectado de las jubilaciones de la Fuerza Pública asciende a 103.6 millones de dólares, según datos de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Esta cifra refleja la tendencia al alza, ya que en 2023 el gasto fue de al menos 100 millones de dólares. Entre 2018 y 2022, el Minseg solicitó más de 337 millones de dólares para cubrir estas pensiones.
Significa que el gasto acumulado en jubilaciones de la Fuerza Pública del país entre 2018 y 2024 ha alcanzado al menos $541.1 millones, según datos oficiales.
Además, el sistema de jubilaciones especiales está vinculado a la jerarquía de rangos dentro de la Fuerza Pública, que incluye desde agentes y cabos hasta comisionados y subdirectores. La creciente plantilla de oficiales, que supera los 30,000 entre la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), también incrementa la presión sobre el sistema.
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Un llamado a la equidad
Mientras la Asamblea Nacional debate reformas que afectan a la población general, diversos sectores han exigido revisar los privilegios de la Fuerza Pública. Críticos argumentan que mantener estos beneficios sin ajustes profundiza las desigualdades entre los panameños, especialmente cuando el resto de los ciudadanos enfrentan mayores sacrificios para acceder a una pensión.
