El Estado panameño destina alrededor de $14 millones anuales para compensar a las víctimas de tres tragedias que marcaron la historia reciente del país: el envenenamiento con dietilenglicol, la intoxicación con heparina contaminada con alcohol bencílico, que dejó secuelas permanentes en neonatos, y los enfrentamientos en Changuinola, Bocas del Toro, en 2010, que provocaron heridas graves y pérdidas humanas.
Estas tragedias no solo dejaron un saldo de vidas afectadas, sino que también impusieron una carga económica constante sobre el Estado, obligando a las autoridades a implementar pensiones y apoyos vitalicios para quienes sobrevivieron y aún enfrentan secuelas físicas o psicosociales.
Por ejemplo, datos estadísticos de la Caja de Seguro Social (CSS) indican que, en el caso de la planilla de pensionados derivada del envenenamiento masivo con dietilenglicol en 2006, tragedia que este mes cumplió 19 años, hay aproximadamente 924 beneficiarios, cuyo costo mensual asciende a $923 mil, lo que representa cerca de $11 millones al año.
Como se recordará, el Gobierno oficializó en marzo de 2024 el aumento de la pensión vitalicia para los pacientes afectados por el envenenamiento con dietilenglicol, pasando de $800 a $1,000 mensuales, según el Decreto Ejecutivo N.º 16 del 25 de marzo de 2024. La medida, sustentada en la Ley N.º 20 de 2013 y su modificación mediante la Ley N.º 80 de 2019, busca aliviar la carga económica de las víctimas y sus familias, muchas de las cuales enfrentan tratamientos médicos de por vida.
La pensión forma parte del programa de compensación estatal creado tras el escándalo sanitario de 2006, cuando un jarabe contaminado con dietilenglicol causó decenas de muertes y dejó centenares de afectados.
Aunque el decreto estableció el nuevo monto, el reconocimiento individual depende de la certificación médica que confirme la afectación por la sustancia tóxica. Actualmente, varias solicitudes continúan en evaluación, mientras las organizaciones de víctimas reclaman mayor agilidad en los procesos y seguimiento médico permanente para los sobrevivientes.
Daños a neonatos
En otra de las tragedias, la intoxicación con heparina contaminada con alcohol bencílico dejó una marca imborrable en la salud neonatal del país. Un total de 13 recién nacidos resultaron afectados, de los cuales la mayoría falleció y tres sobrevivieron con secuelas permanentes.
El Estado, a través de la Ley 64 del 22 de octubre de 2015, estableció una pensión vitalicia de $600 mensuales para los sobrevivientes, como parte de un programa de compensación destinado a aliviar el impacto económico y médico de esta tragedia. El costo mensual total es de $7,800, lo que equivale a $93,600 al año.
Enfrentamientos de Changuinola
En lo que respecta a las víctimas de los enfrentamientos en Changuinola en 2010, actualmente hay 478 afectados que reciben pensiones que van entre $400 y $900, dependiendo de la gravedad de sus heridas. Algunos incluso perdieron la visión durante los hechos.
En total, se trata de 478 personas que reciben de forma global $233,300 al mes, lo que suma $2.8 millones al año. La Ley 28 de 2015 estableció una pensión vitalicia de $800 mensuales, que posteriormente fue incrementada a $900 mediante la Ley 333 de 2022, como parte de un programa de apoyo económico-social destinado a las víctimas. La medida buscó reconocer el impacto físico y psicológico sufrido por los trabajadores heridos, incluidos los 52 con lesiones oculares graves y los familiares de las dos personas que fallecieron durante las protestas.
Además, la Ley 333 amplió los beneficios para los afectados cuya salud o bienestar psicosocial sigue comprometido, otorgando un apoyo adicional de $400 mensuales tras evaluación de la Comisión Médica Evaluadora Interinstitucional. En este caso, el director de la CSS, Dino Mon, explicó que el Ejecutivo transfiere los recursos a la CSS y que esta última paga posteriormente las pensiones.
