Las inconsistencias entre las cifras del padrón electoral de San Felipe y los resultados del XXII Censo Nacional de Población y Vivienda en ese corregimiento constituye una conducta antijurídica y dolosa que, si no es corregida, propiciaría un resultado incorrecto en las elecciones generales del próximo 5 de mayo.
Así lo advirtió el fiscal general electoral Dilio Arcia, en una nota dirigida al magistrado Alfredo Juncá, presidente del Tribunal Electoral (TE), en la que le urge a elaborar un censo electoral parcial en esa circunscripción, en la que existe una diferencia de 3,500 electores.
“Sabemos que el proceso electoral se encuentra avanzado y pudiera generar consecuencias importantes en el padrón electoral a utilizarse el próximo año, pero si se logra aplicar ese censo de una forma individualizada al corregimiento de San Felipe, por lo disparejo entre los datos de la Contraloría y el Tribunal Electoral, ayudaría a garantizar un correcto resultado que, al final, es lo que se busca en toda elección”, señala Arcia en su nota, fechada el 6 de septiembre pasado, en la que promete que la Fiscalía General Electoral prestará toda la ayuda necesaria
Este censo parcial serviría además como “punto de partida” para celebrarse uno más grande, a nivel nacional, después del 5 de mayo de 2024. Arcia recordó que la ultima vez que se hizo un censo electoral nacional fue en 1982, hace 41 años.
Arcia alega que se trata de un paso “trascendental” para la democracia, “dado que de una forma firme y decidida se demuestra a la sociedad el interés del organismo electoral de enfrentar y resolver un problema que se presenta elección tras elección”.
Agrega que la Fiscalía General Electoral está preparando un “paquete” de propuestas de modificación al Código Electoral, una de las cuales será la incorporación de medidas para prevenir la inscripción indebida en el registro electoral, así como una actualización permanente del mismo, a fin de evitar el “abultamiento” de padrones electorales y evitar que su depuración quede “en manos exclusivas de las partes interesadas”.
Arcia recordó que, actualmente, no actualizar la residencia electoral no es una conducta punible y la justicia electoral penal ya no persigue a los electores por cambio doloso de residencia. Además, el elector no está en la obligación de probar su residencia al momento de inscribirse: basta con una declaración jurada.
El 14 de agosto de 2023, La Prensa publicó un reportaje titulado Padrón electoral del corregimiento de San Felipe no cuadra con el censo, que detalla que en el registro electoral aparecen 3,900 ciudadanos, pero el censo arrojó que allí viven apenas 1,258 habitantes.
