El Partido Revolucionario Democrático (PRD) postuló, al menos, a tres representantes de corregimiento que están condenados por la justicia, para que busquen la reelección en mayo de 2024.
Dos de ellos están en el distrito de Panamá y otro se encuentra en San Miguelito.
Se trata de los representantes de corregimiento de San Felipe, Mario Kennedy, y de Chilibre, Yoira Perea, en el distrito de Panamá, y del edil César Caballero, de Belisario Porras, actual presidente del Consejo Municipal de San Miguelito.
Perea fue condenada a 60 meses (cinco años) de prisión por el Juzgado Liquidador de Causas Penales, por delitos contra la administración pública en la modalidad de peculado, luego de que se comprobara su participación en “la malversación y apropiación” -según la acusación del Ministerio Público- de $1.5 millones del Fondo de Equidad y Calidad de Educación (FECE), un programa del Ministerio de Educación. En un comunicado del 2 de agosto de 2021, el MP se refirió a Perea como “autora” de este delito. También acumula una condena del Tribunal de Cuentas, que le ordenó pagar $2.2 millones.
Perea dice que no hay “nada en firme” y que demostrará su inocencia.
En tanto, Kennedy fue condenado a seis años de prisión por el manejo irregular de fondos en la Junta Comunal de San Felipe, entre 1999 y 2003. En agosto de 2021, citando documentos del Órgano Judicial, La Prensa reportó que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no admitió un recurso de casación interpuesto por la defensa del edil.
Perea y Kennedy fueron presidenta y vicepresidente, respectivamente, del Consejo Municipal de Panamá, entre enero y junio de 2023.
Por su parte, Caballero mantiene una condena a cinco años de prisión por peculado en perjuicio de la Universidad de Panamá. Esto, luego de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazara un recurso de casación tramitado por su defensa y no se admitiera una aclaración del fallo.
Otros ediles con condena
Ramón Ashby, representante de Calidonia, quien también está condenado a 60 meses de prisión por un caso de peculado. No obstante, el PRD informó que para las elecciones de 2024, Ashby no se postuló a la reelección.
Eso no significa que Ashby está alejado de la política. Últimamente, se le ha visto acompañando al expresidente Martín Torrijos, candidato presidencial del Partido Popular, en varias actividades.
Sin información
Saber qué funcionarios electos por votación ejercen cargos públicos pese a tener condenas de prisión por la comisión de un delito penal, es una verdadera odisea.
El abogado Ernesto Cedeño se embarcó en la búsqueda de esta información después de conocer que miembros del Consejo Municipal de Panamá ejercen cargos que implican el manejo de fondos públicos, pese a tener condenas vigentes.
Cedeño Ha enviado notas al Ministerio de Gobierno, la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación para que le entreguen información al respecto, pero hasta ahora no ha recibido lo que pide. Incluso, ha tenido que recurrir a la Procuraduría de la Administración, que vigila la conducta de los funcionarios.
La primera solicitud de información fue dirigida a la Contraloría General de la República, el 5 de diciembre de 2022.
El 5 de enero de 2023, la Contraloría, a través de la Nota No. 26-2023-LEQ/CE, le respondió que, en términos generales, esa entidad no tiene forma de verificar si algún funcionario que ejerce un cargo de elección popular ha sido condenado penalmente con sentencia en firme.
Luego, el 10 de enero, Cedeño envió al ministro de Gobierno, Roger Tejada, una nota en la que pide la referida lista. El 3 de febrero pasado, Tejada le respondió que, de conformidad con las atribuciones legales establecidas en la Ley 19 de 2010, que dicta el régimen de organización de ese ministerio, tiene vedada la competencia para emitir criterios o dar un algún tipo de respuesta sobre la materia consultada.
También en enero, Cedeño presentó solicitudes similares a la Corte Suprema de Justicia y al procurador general de la Nación, Javier Caraballo, pero tampoco recibió una respuesta.
El numeral 3 del artículo 226 de la Constitución establece que para ser representante de corregimiento se requiere “no haber sido condenado por delito doloso, con pena privativa de libertad de cinco años o más, mediante sentencia ejecutoriada, proferida por un tribunal de justicia”.
