Pese a que el procurador de la Administración Rigoberto González Montenegro remitió una nota el pasado 17 de abril a la junta directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) en la que solicitó un informe sobre el viaje que hicieron tres de sus miembros a México entre el 2 al 4 de noviembre de 2019, González aún no ha tenido respuesta a su petición.
Fuentes de la Procuraduría de la Administración informaron a este medio que están en espera de esa información para poder avanzar con la investigación que abrió ese despacho con el objeto de determinar si el viaje de los tres directivos tuvo alguna relación con la adjudicación de un contrato de $168 millones al consorcio Salud en Control, integrado por la panameña PMG Logistic Corp y la mexicana Intercontinental de Medicamentos, S.A. de C.V. para el almacenamiento y distribución de medicamentos.
González investiga la razón del viaje de los funcionarios, y no el contrato que en su momento se adjudicó el mencionado consorcio. El pasado 11 de abril el presidente Laurentino Cortizo ordenó suspender el contrato luego de que esa adjudicación fuera ampliamente cuestionada.
Pese la suspensión del contrato, tanto la Procuraduría de la Administración como el Ministerio Público, investigan el tema.
El pasado 16 de abril La Prensa reveló que el presidente de la junta directiva de la CSS, Miguel Ángel Edwards; la representan de las enfermeras en esa directiva, Esmeralda Buchanan; y José Alba, delegado suplente de los servidores públicos, viajaron a México, presuntamente con gastos pagos de ese gobierno para conocer un sistema para dispensar medicamentos con robots. Poco después el contrato fue adjudicado al Consorcio Salud en Control, exactamente, esto es lo que investiga González Montenegro.
