Más voces piden al Gobierno que aplique medidas ejemplares a quienes desatendieron el ultimátum que envió el presidente de la República, José Raúl Mulino, sobre el uso de los dineros de la descentralización paralela entregados en la administración pasada.
“El que tocó irresponsablemente un centavo del dinero de los panameños con la descentralización panameña tiene que ir a la cárcel. Se acabó el plazo de los 60 días que dio el Presidente para que los representantes y alcalde reelectos y no reelectos presenten el informe sobre qué hicieron con los 320 millones de dólares”, dijo el diputado independiente Luis Duke.
Aseguró que si bien se informó que hasta ahora el 51% de las juntas comunales presentaron el informe, lo que “queremos ahora es que se haga algo con el 49%” que no lo ha entregado.
“Porque los panameños estamos hartos y cansados de que se juegue con nuestro dinero”, añadió Duke, a la vez que pidió a las autoridades una “respuesta contundente”.
No entiendo por qué la Comisión de Credenciales está dilatando el proceso de ratificación de los procuradores de la Nación y de la Administración designados. Tenemos temas críticos por abordar, como la CSS y el Presupuesto 2025. Necesitamos revisar estas designaciones con tiempo,…
— Luis “Lucho” Duke (@LuchoDuke) October 15, 2024
Durante el periodo 2021-2024, el Subprograma de Interés Social o descentralización paralela transfirió un total de $320 millones a los gobiernos locales, con el objetivo de impulsar proyectos que beneficien a las comunidades en áreas como infraestructura, salud y educación. No obstante, su manejo fue opaco y careció de los controles requeridos
